El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) presentó un recurso de revocatoria y apelación contra los oficios emitidos por la Contraloría General de la República (CGR) donde se señalan posibles “irregularidades en procesos de contratación con entidades públicas y privadas”.
El pasado 28 de junio, la CGR ordenó suspender “alianzas estratégicas con teceros privados en contrataciones directas” luego de encontrar que se habrían evadido controles en licitaciones públicas y además, se usó de forma ilegítima, la figura excepcional de contratación directa entre entes de derecho público.
Así, labores como el desarrollo técnico de los proyectos, el suministro de hardware y software y su mantenimiento cayeron en manos de terceros, generando que el ICE quedara como un simple intermediario comercial y administrativo.
Ante estos hallazgos, la Contraloría ordenó al ICE cesar de inmediato el uso de esas alianzas para contrataciones directas entre entes públicos, garantizar que asumirá directamente la prestación esencial de futuros contratos, limitar la subcontratación a servicios especializados o accesorios, fortalecer los mecanismos de control y gobernanza y elaborar un estudio técnico y financiero de las alianzas vigentes para proteger el patrimonio institucional y los recursos públicos.
Además, la CGR instruyó a las instituciones contratantes verificar la idoneidad técnica y legal del ente público contratado, aplicar las acciones administrativas correspondientes y ejecutar un plan de transición que garantice la continuidad de los servicios. Las entidades involucradas son la Asamblea Legislativa, la CCSS, el AyA, el ICT, el INAMU, el INS, el MINAE, el Ministerio de Hacienda, la Municipalidad de Upala y el Museo de Arte Costarricense.
Sin embargo, este martes, el ICE señaló que dicha disposición “ocasionan graves daños al Instituto” y una vez analizado el fondo del documento para determinar sus alcances, el Instituto acudirá a las acciones previstas en el ordenamiento jurídico para “defender sus competencias y el interés público que revisten los servicios que presta a todos los habitantes y sectores del país”.
“El ICE reitera a la opinión pública que lo dispuesto por la CGR constituye una interpretación que le resta competitividad en el cumplimiento de sus cometidos legales, al tiempo que le cercena la flexibilidad y el fortalecimiento dotados por el Poder Legislativo con la apertura del mercado de las telecomunicaciones”, señalaron.
