Allan Madriz | EP. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizaron un estudio sobre el impacto económico del impuesto al plástico en el país.
La investigación corresponde al análisis del proyecto, “Ley para solucionar la contaminación de residuos plásticos” (expediente 21.159), de la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, y que se encuentra en la comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa. El estudio se centra en posibles escenarios para estimar los efectos negativos sobre los mercados y la economía.
El peor escenario asume que los costos de impuestos son trasladados en su totalidad al consumidor final sin reducir su consumo. El escenario más realista implica que se da una reducción de consumo y solo una parte del costo de los impuestos es trasladado al consumidor final.
Uno de los datos a destacar del estudio es que beneficiaría a aquellas actividades relacionadas con el sector turismo, que posicionan al país a nivel mundial como un destino líder en conservación. Datos del Banco Central de Costa Rica para el año 2016 indican que el turismo aportó directa e indirectamente un 8.2 % al Producto Interno Bruto y representó un 8.8 % del empleo en el país.
“Un impuesto al plástico genera incentivos para que los agentes económicos reduzcan su uso y para que busquen alternativas más amigables con el ambiente”, indica el estudio.
El tributo al plástico beneficiarán actividades económicas de manufactura como papel (crecimiento del 73.0 %), metal (crecimiento del 6.4%), cemento, cal y yeso (crecimiento del 2.5 %). Los efectos negativos recaerían sobre las actividades inmobiliarias, de construcción, minas y canteras.
“En términos generales, con respecto a la parte de la producción, identificamos un efecto negativo por el impuesto. Sin embargo, no todas las industrias se ven afectadas en forma negativa. Hay industrias que se beneficiaran por la necesidad de substituir el plástico por otros materiales”, señaló Juan Robalino, coordinador del estudio y subdirector del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR.
Sobre el impacto que este impuesto tendría sobre los hogares del país, el estudio determinó que afectará en forma absoluta más a los hogares en los deciles más ricos, sin embargo, en forma relativa al ingreso, el impuesto afectará más a los deciles más bajos.
“Estimamos que las personas de más bajos ingresos pagarán mucho menos que los de ingresos más altos. Sin embargo, existirá un efecto regresivo en términos relativos por la desigualdad de ingresos que existe entre los grupos más pobres y más ricos”, explicó Robalino.
Según lo señala el estudio, la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) registra que para 2017 en Costa Rica la importación de plástico alcanzó un valor de $1.215 millones, convirtiéndose en el mayor importador de plástico y sus manufacturas de Centroamérica. Mientras que datos del Ministerio de Salud revelan que en Costa Rica cerca de 40.150 toneladas de plásticos terminan en entornos naturales cada año.
Proyecto de Ley
El proyecto propone la prohibición de ciertos productos plásticos (aquellos hechos con poliestireno y que contengan microperlas o microplásticos), la prohibición a las instituciones del Estado de emplear plásticos de un solo uso, y la obligación de que a partir del 2030 todos los envases plásticos sean reciclables.
De igual manera, pretende gravar la importación o nacionalización, la producción nacional y el consumo o uso de productos plásticos a título gratuito, con una tarifa del 10% los insumos plásticos, con un 15% los productos plásticos de usos múltiples y de larga duración, con un 25% los plásticos de un solo uso u oxo biodegradables y los polímeros de estireno en formas primarias con un 25%.
La propuesta también señala los productos que estarán exonerados del impuesto, entre los que se encuentran los plásticos empleados en la fabricación de equipo y material biomédico, veterinario y farmacéutico.
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