La ley 6172 conocida como “Ley indígena” fue creada en 1977 y después de más 30 años de su creación, organizaciones sindicales indígenas siguen denunciando incumplimientos por parte del Gobierno.
Se calcula que de las 350 mil hectáreas que componen las 24 comunidades indígenas, más de 130 mil hectáreas están manos de personas no indígenas, lo cual representa casi el 40% del territorio indígena. Por otra parte, las comunidades se ven amenazadas por proyectos mineros e hidroeléctricos.
En la actualidad, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pretende construir el proyecto hidroeléctrico Diquis, por el cual se mantiene una disputa, debido a que no se consultó a los pueblos originarios sobre su construcción. Hace unas semanas expertos independientes de la UCR recomendaron al ICE revertir varias acciones emprendidas en el proyecto, aconsejan realizar una evaluación ambiental estratégica antes de completar el estudio de impacto ambiental, así como derogar el Decreto de Conveniencia Nacional del proyecto y consultar a las comunidades indígenas.
La acción de inconstitucionalidad contra la “Ley Indígena” fue presentada ante la Sala Constitucional (acción N° N° 11-000646-1028-CA) el pasado 19 de abril por el liberacionista y presidente del IDA Rolando González, y en la cual se aduce que durante la creación de la Ley Indígena hubo vicios en el procedimiento.
En declaraciones al Semanario Universidad González expresó que la institución que dirige debe velar por sus competencias jurídicas, debibo a las dudas que hay desde la creación de la ley. Indicó que el IDA debe indemnizar las personas no indígenas que son expropiadas de las tierras y que como administrador de esa institución no puede girar plata para ello cuando existen dudas legales.
Según González el IDA cuenta con un estudio elaborado en el 2010 en el cual se detectaron irregularidades en el momento en que se aprobó “Ley Indígena” en la Asamblea Legislativa.
Esta no es la primera vez que buscan declarar inconstitucional la “Ley Indígena”, la Sala Constitucional en varias ocasiones se ha pronunciado y ha declarado nula las acciones de inconstitucionalidad presentadas. La última la sentencia (N° 1538) se dio en el 2005.
El Periódicocr consultó al abogado Danilo Chaverri Barrantes del Centro de Derecho y Justicia, sobre las implicaciones que podría tener si el voto de la Sala Constitucional resultase a favor del IDA y acotó que eso sería un error por parte del Estado, ya que se dejaría en total desamparo a las comunidades indígenas.
“Si la Ley Indígena se declara inconstitucional regiría la PROPIEDAD PRIVADA, y entonces los que más dinero tienen (que no son los indígenas) comprarían sus riquísimos territorios”.
Entrevista a Danilo Chaverri Barrantes del Centro de Justicia
¿Cree usted que el IDA pretenda de salvaguardar intereses particulares con su intención de declarar inconstitucional la Ley de Territorios Indígenas?
-Yo creo que se trata de una acción mediocre de funcionarios mediocres, que la plantean para ganar varios juicios y quitarse de encima el deber de expropiar a muchas personas no indígenas. Aunque con eso estén jugando con la subsistencia de los pueblos indígenas de Costa Rica.
Con esa acción están salvaguardando intereses particulares, sin lugar a dudas. La mayoría de los no-indígenas que están en esos territorios no quieren salir, ni siquiera expropiados. Además, muchos están interesados en adquirir esas tierras por razones mineras, de explotación forestal, hidroeléctricas y más. Si lo hicieron conscientemente no lo sé, pero tampoco los considero tan ingenuos como para no saber lo que hacían.
¿Le corresponde al IDA realizar este tipo de gestiones?
No le corresponde al IDA realizar esas gestiones, le corresponde a la Procuraduría General de la República, pero siempre es una opción esperar que los jueces interpreten otra cosa.
¿De declararse inconstitucional qué repercusiones puede tener esto para Costa Rica?
Si la Ley Indígena se declara inconstitucional los territorios indígenas entran al comercio de los hombres como cualquier otra PROPIEDAD PRIVADA. Eso significa que personas con poder económico, interesadas en minerales, hidroeléctricas, madederas, turísticas, etc, los podrán comprar.
La mayor parte de la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad son territorios indígenas. Sufrirá un impacto terrible, porque hoy son los indígenas los que protegen ese parque con sus prácticas productivas y culturales.
Los pueblos indígenas sin territorio se extinguen (hay evidencias en muchas partes del mundo). Es posible que en pocos años ya no existirán como tales (pueblos). Sus idiomas se extinguirían.
National Geograpyc hizo unos mapas en los cuales se evidencia que en los lugares donde hay bosques en Centroamérica hay indígenas… y lo contrario. Con madereros haciendo de las suyas en esos territorios olvidémonos de gran cantidad de bosques y esperemos migración o extinción de especies.
Las MINAS (aunque sea subterráneas) proliferarán.
Se calcula que hoy hay cerca de 50.000 viviendo en sus territorios. Podríamos verlos en el futuro en La Carpio, la León XIII, y similares. Tendremos más mujeres indígenas sentadas en las aceras de las ciudades pidiendo dinero.
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