Keylor García | EP. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), señala que un informe de la Contraloría General de la República pretende imponer requisitos y disposiciones referentes a sus procedimientos de contratación administrativa, no previstas en la Ley de Modernización de las Entidades Sector Telecomunicaciones y el Reglamento al Título II de dicha ley, que podría llegar a generar pérdidas estimadas en ₡5.895 millones.
El informe No. DFOE-IFR-IF-00001-2017 corresponde a, Auditoría de carácter especial sobre el proceso de adquisición de bienes y servicios del ICE, la cual no logró acreditar ni destacar ningún acto lesivo a la Hacienda Pública.
El director de la Proveeduría Institucional del ICE, Luis Acuña señala que el informe pretende incluir todos los requisitos de las licitaciones en las contrataciones directas de menor cuantía, agrega que “además de ser contrario a la legislación, contradice votos de la Sala Constitucional que establecen que en las contrataciones directas de menor cuantía no se deben seguir los formalismos y controles de las licitaciones”.
Pérdidas estimadas
₡ 513 millones por diferencial cambiario. Los pagos en dólares se verán incrementados por el alza del tipo de cambio, a raíz de los atrasos que implica implementar las disposiciones del órgano contralor.
₡1.768 millones por inversiones dejadas de hacer con ese dinero. El monto inmovilizado en inventarios priva al ICE de redituar esa cifra, y se vería obligado a aumentarlos para no verse desprovisto ante los tiempos adicionales que se exigen en el informe. Ese dinero se podría invertir de otra forma para generar ganancias a la institución.
₡3.614 millones por impacto en recuperación de clientes. El ICE estima que implementar las medidas que plantea la Contraloría atrasarían en cinco meses la adquisición de bienes y servicios necesarios para la atención oportuna de nuestros clientes. Esto generaría una fuga cuantiosa de clientes del sector de telecomunicaciones.
Además: Indígena Bribri encabeza diputaciones del Frente Amplio en Limón
El informe de la Contraloría también señala que 59 oferentes tenían algún vínculo familiar con trabajadores del ICE, ese número representa mucho menos de un 1% del total de ofertas recibidas. Además, no encontró que alguno hubiera estado sujeto al régimen de prohibiciones en contratación administrativa.
“Desde el 2012, todas las contrataciones directas de menor cuantía del ICE utilizan la plataforma electrónica de compras públicas denominada SICOP, y desde el 2017 las hacemos concursadas, lo que ha llevado a una participación de hasta 29 oferentes”, agregó Acuña.
Según la institución, desde el 2007, el ICE realiza en forma concursada todas las contrataciones de escasa cuantía a través de la plataforma Mer Link, en la actualidad SICOP.
