George Rodríguez EP. Siete de los ocho acusados en el caso del asesinato de la líder indígena hondureña Berta Cáceres fueron declarados culpables por el Tribunal de Sentencia, mientras familiares de la víctima activistas de derechos humanos y señalaron, en declaraciones publicadas este viernes, que no se ha castigado a los autores intelectuales del crimen.
“Este fallo que se ha pronunciado en la Sala I del Tribunal de Sentencia que condena al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente la empresa DESA no significa que se ha alcanzado justicia”, indicó la familia de Cáceres, en un extenso comunicado.
Queda así planteado el riesgo de que, quienes planificaron el crimen y pagaron a los sicarios, sigan cometiendo actos de esa índole, señaló, en el texto de doce párrafos difundido, en su sitio en Internet, por el Consejo Cívico de organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización que Cáceres –su cofundadora- encabezaba.
“Las estructuras y las personas que dieron el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres siguen gozando de la libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes como este de manera impune”, advirtieron los familiares de la dirigente.
Ello, debido a que el proceso judicial –incluida la investigación- se enfocó, solamente, los ejecutores del asesinato, precisaron.
De ese modo, “la verdad sobre el crimen y todos sus responsables ha sido limitada a quienes ahora se han juzgado debido a los obstáculos decididos que el Estado de Honduras ha interpuesto a través de su Ministerio Público y sus tribunales para negar la verdad como parte de una justicia real”, señalaron.
Los siete acusados a quienes se declaró culpables, constituyen el estamento ejecutor, es decir, el nivel jerárquicamente inferior de la estructura delictiva, puntualizaron.
“Con el capítulo que se cierra hoy, las condenas al eslabón más bajo de la estructura criminal con las que el Estado hondureño pretende silenciar la demanda de justicia, no termina la lucha por justicia para Berta Cáceres y el pueblo Lenca, por el contrario, se profundizan nuestros esfuerzos”, aseguraron.
Asimismo, en declaraciones a medios locales e internacionales, activistas de derechos humanos señalaron la necesidad de que se haga, plenamente, justicia.
Marcia Aguiluz, directora del Centro por la Justicia y el derechos Internacional (Center for Justice and International Law, Cejil) para Centroamérica y México, declaró, vía telefónica, al diario español El País, que quienes planificaron el homicidio permanecen impunes.
“Tenemos una sensación agridulce sobre la sentencia. Por un lado, los siete condenados, según nuestras pruebas, están vinculados al asesinato, pero no se ha juzgado a quienes dieron la orden”, planteó Aguiluz.
Coincidentemente, Erika Guevara Rojas, directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, queda pendiente la identificación de los autores intelectuales del asesinato de Cáceres, activista de derechos humanos –particularmente de los pueblos indígenas, de los campesinos, y de las mujeres- y dirigente ambientalista.
“A pesar de la existencia de una sentencia (…) la justicia hondureña tiene pendiente demostrar su compromiso con la verdad e identificar a todos las personas que planearon y ordenaron el asesinato de la defensora Berta Cáceres”, aseguró Rosas, también a El País.
Los declarados culpables son los ex militares Mariano Díaz y Douglas Bustillo, además de Henry Hernández, Elvin Rápalo, Oscar Torres, y Edilson Duarte –hermano de Emerson Duarte-, y el gerente Ambiental, Social y de Comunicaciones de la empresa hondureña Desarrollo Energético Sociedad Anónima (Desa), mientras Emerson Duarte fue absuelto.
Cáceres fue asesinada a balazos, la madrugada del 3 de marzo de 2016, en su vivienda en La Esperanza, localidad a unos 180 kilómetros de Tegucigalpa, en el occidental departamento (provincia) de Intibucá, limítrofe con El Salvador.
Días antes, la dirigente había encabezado una de varias manifestaciones pacíficas contra el megaproyecto hidroeléctrico Agua Zarca, previsto para construirse en el departamento de Santa Bárbara, también en el occidente hondureño.
El proyecto, autorizado en 2010 por el gobierno del entonces presidente (2010-2014) de Honduras, Porfirio “Pepe” Lobo, se implementaría en un sector del río Gualcarque –cuerpo de agua sagrado para el pueblo indígena Lenca, comunidad a la cual pertenecía la dirigente-.
En inmediata reacción, habitantes del área buscaron el apoyo del Copinh, y explicaron que su oposición al plan obedecía a que, en el caso de materializarse, la estructura de grandes proporciones generaría fuerte daño ambiental en perjuicio de comunidades indígenas y campesinas asentadas en el área.
El Copinh, organización defensora de los derechos humanos, fue cofundado, en 1993, por Cáceres y el también dirigente indígena Salvador Zúniga, entonces su compañero sentimental.
Los pobladores locales subrayaron, en ese momento, la necesidad de detener el trabajo de construcción -labor que estaba en marcha-.
La resistencia del Copinh, liderada por la dirigente, en constante y pacífica oposición, fue blanco de fuerte represión, no obstante lo cual hizo que la empresa estatal china Sinohydro –la principal constructora de represas a nivel mundial- y la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial (BM) –la parte inversionista- se retirasen del proyecto.
Sin embargo, Desa retomó el proyecto, lo que reactivó la movilización opositora local, siempre con el liderazgo de Cáceres, que impidió, nuevamente, que fuese llevado a cabo.
