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Aarón Chinchilla EP. | La oficina de Cobro Judicial de la Dirección General de Hacienda notificó una serie de embargos administrativos por 450 millones de colones, como medida cautelar, a una empresa que se dedica al alquiler de locales y centros comerciales.
De acuerdo con el expediente de Cobro Judicial, de la deuda acumulada desde hace varios años por no pago del impuesto sobre la renta, ¢200 millones corresponden al principal y el monto restante a intereses y costas, entre otros.
Debido a que la empresa alquila locales, con el apoyo de la Policía de Control Fiscal se notificó a 13 inquilinos, distribuidos en dos puntos comerciales, con el fin de que realicen las transferencias de sus rentas a las cuentas de Hacienda.
El objetivo es retener a favor del Fisco cualquier remuneración o crédito en efectivo que pudiera percibir o de que fuera acreedor el contribuyente, quien es responsable de depositar las sumas que reciba en las cuentas del Ministerio de Hacienda, dentro de los diez siguientes a la fecha en que fueron retenidas.
“Lo que pretendemos es hacer cumplir las obligaciones pendientes de los contribuyentes con base en la aplicación estricta de la normativa vigente. Es importante aclarar que lo notificado tanto al contribuyente como a los inquilinos, es de acatamiento obligatorio. En el caso de los segundos, se debe tener presente que la desobediencia de este acto se encuentra legislada dentro del Código Penal, y se podrá imponer prisión de seis meses a tres años, a quien no cumpla o no haga cumplir la orden”, enfatizó Juan Carlos Brenes, director general de Hacienda.
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