Redacción. – Dar el 8% constitucional a la educación pública significaría que se tenga que subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a un 20% o en su defecto, cerrar, al menos, 19 instituciones del Estado.
Así lo aseguró el ministro de Hacienda, Rüdolf Lücke, ante la Comisión de Asuntos Hacendarios que analiza el presupuesto ordinario para el año 2026.
Rudolf Lucke advirtió que, para cumplir con el mandato constitucional de destinar el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a educación pública, existe otra opción: endeudar al país en un 3,5% del PIB anual.
Del total del presupuesto, un 5,6% iría para educación. En términos concretos, unos ¢200 mil millones más, sin embargo, se queda corto con la norma establecida en la Constitución.
“No se trata de voluntad política, sino de realidades financieras (…) Nos está faltando 2,32% para llegar (a lo establecido). La pregunta es ¿de dónde podemos obtener los recursos para llegar a ese porcentaje?”, dijo el jerarca.
O en su defecto, señaló que eliminar exoneraciones“aportaría para llegar al porcentaje faltante”.
En Costa Rica, el régimen de zonas francas, municipalidades, servicios de atención de emergencias, entre otros, están dentro del régimen de exoneraciones.
Más allá de ello, Lucke hizo un llamado a los diputados para avanzar con un proyecto de ley (24.281) el cual busca que los créditos internacionales de financiamiento solo deban ser incluidos en el presupuesto nacional para su aprobación.
La propuesta, impulsada por el “socialcristiano” Leslye Bojorges busca que los préstamos internacionales no tengan que pasar por la Asamblea Legislativa, sino que se aprueben de forma directa por el Gobierno.
“Hay una opción que existe, que es ir reduciendo el costo de financiamiento, por eso es importante evaluar el proyecto donde se le da flexibilidad a Hacienda para conseguir recursos más baratos”, fue el mensaje de Lucke.
