El Ministerio de Hacienda cambió de posición y comunicó al Poder Judicial que finalmente girará los ₡3.053 millones que había anunciado que retendría durante el segundo semestre de 2026.
Así fue anunciado por parte del Minsterio Público, el cual precisó que el jueves 6 de agosto, en horas de la noche, mediante oficio MH-DGPN-UAPP-OF-0012-2026, Hacienda comunicó al Poder Judicial que liberaría el 10 % restante de la cuota correspondiente al III trimestre del ejercicio económico 2026, por un monto de ₡1.526 millones. Posteriormente, mediante oficio MH-DGPN-DG-OF-0331-2026, fechado el 11 de agosto, el Director de Presupuesto Nacional confirmó que la cuota correspondiente al IV trimestre de 2026 también será liberada en su totalidad, por otros ₡1.526 millones. De esta manera, el monto total que Hacienda había anunciado que retendría y que ahora será girado asciende a ₡3.053 millones.
La medida representaba unos ₡3.053 millones, equivalentes al 42,4% de los recursos que el Poder Judicial tenía programados para gastos operativos durante el resto del año.
Un cambio después de semanas de tensión
La decisión llega después de varias semanas de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial alrededor del presupuesto y de los recursos destinados a combatir la criminalidad. Cuando Hacienda anunció la retención, las autoridades judiciales advirtieron que el impacto no se limitaría a partidas administrativas.
El recorte podía afectar recursos para viáticos, mantenimiento de edificios y vehículos, combustible, peritajes, traducciones y otros gastos necesarios para mantener la operación institucional. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) calculó que, bajo una distribución proporcional del recorte, su presupuesto sufriría una disminución cercana a ₡944 millones. Eso tendría consecuencias sobre operativos, levantamientos de cadáveres, investigaciones, desplazamientos de personal y otras diligencias policiales.
El Ministerio Público también advirtió sobre posibles afectaciones a su capacidad investigativa, mientras que la Defensa Pública señaló riesgos para la atención de procesos y el rezago judicial.
La retención de ₡3.053 millones tampoco era el único ajuste aplicado al Poder Judicial. Semanas antes, la Corte Plena había acordado un recorte de ₡13.242 millones de su presupuesto de 2026, después de una solicitud planteada por Hacienda. El propio Poder Judicial señaló que ese ajuste ya constituía el mayor esfuerzo que podía realizar sin comprometer directamente la continuidad de servicios esenciales. Con la retención posteriormente anunciada por Hacienda, el impacto presupuestario acumulado sobre la institución superaba los ₡16.000 millones.
El conflicto presupuestario tampoco se limita a los ₡3.053 millones. Desde enero, el Poder Judicial reclama al Ministerio de Hacienda el giro de ₡8.688 millones incorporados por la Asamblea Legislativa al Presupuesto 2026.
Esos recursos permitirían financiar 176 plazas adicionales en el OIJ y 99 en el Ministerio Público, destinadas principalmente a fortalecer la respuesta contra el crimen organizado y ampliar la presencia policial y fiscal en zonas estratégicas.
Hacienda ha sostenido que esos recursos fueron incorporados mediante rebajas a partidas destinadas al pago de intereses de la deuda y que, por razones de programación y disponibilidad fiscal, no fueron incorporados inicialmente a la programación financiera. El Ejecutivo ha defendido los recortes como parte de una política de austeridad y disciplina fiscal. La Corte, por su parte, ha advertido que disminuir recursos en determinadas áreas puede terminar afectando directamente la lucha contra el crimen y el acceso a la justicia.
