Redacción. – Lo que comienza como un préstamo rápido de ₡200.000 o ₡350.000 puede terminar convertido en una deuda impagable con intereses que superan el 20% semanal o mensual —equivalente a más del 1.000% anual, cuando la tasa máxima legal permitida en Costa Rica es del 38% anual.
Ese es el retrato que ofrece el nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que describe cómo los créditos “gota a gota” se expanden en el país y se consolidan como un mercado criminal paralelo.
Según el estudio, el 5,3% de la población costarricense ya ha recurrido a estos préstamos (CINPE-UNA, 2023).
Las denuncias por extorsión vinculada al “gota a gota” sumaron 2.018 casos entre 2023 y 2024, con una concentración en San José (55,9%), aunque el fenómeno tiene presencia en todas las provincias.
El análisis de llamadas al 9-1-1 muestra que los reportes relacionados con estos créditos se disparan entre mayo y octubre, alcanzando su punto máximo en ese último mes.
Además, se documentaron casos de intimidación psicológica, amenazas, hurto de bienes e incluso homicidios aislados ligados a estas redes.
Las víctimas
Aunque suele asociarse a personas pobres o en informalidad laboral, hoy el perfil es mucho más amplio:
- Familias que necesitan dinero para emergencias de salud.
- Comerciantes que requieren inventario.
- Hogares que buscan cubrir consumo inmediato.
El informe indica que 27% de los hogares costarricenses destinan una tercera parte de sus ingresos al pago de intereses, lo que abre la puerta a que muchos caigan en las manos de prestamistas informales.
¿Cómo operan las redes?
Las estructuras identificadas son pequeñas —en promedio 8 personas—, pero con roles definidos:
- Dueños del capital.
- Colocadores del capital.
- Red logística y de apoyo.
- Cobradores, a menudo compartidos entre varias redes.
El negocio no está en recuperar el dinero prestado, sino en prolongar indefinidamente el cobro de intereses. En caso de incumplimiento, aplican tres mecanismos:
- Refinanciar la deuda con nuevos intereses.
- Revenderla a otras redes criminales.
- Cobrar mediante intimidación, amenazas o violencia.
El informe incluso registra casos de venta forzada de inmuebles como mecanismo de recuperación.
- Riesgo de sofisticación criminal
- La investigación advierte que, sin intervención estatal, las redes podrían:
- Centralizar el control en organizaciones más grandes.
- Sofisticar operaciones financieras.
- Escalar la violencia y las disputas territoriales.
- Sustituir servicios públicos mediante créditos “paralelos”.
- Lo que propone la ONU
¿Qué propone la ONU?
Ante ese complejo panorama, el estudio realizado por la ONU emite recomendaciones urgentes, entre las cuales destacan:
- Crear productos financieros accesibles para poblaciones excluidas.
- Desarrollar educación financiera diferenciada por edad y condición.
- Relanzar campañas de prevención con testimonios reales y canales de denuncia simplificados.
- Establecer un grupo interinstitucional especializado para investigar y proteger víctimas.
- Incautar bienes vinculados a estas redes (vehículos, inmuebles).
- Diseñar un sistema de alerta temprana con datos del 9-1-1.
- “El gota a gota no es solo un problema de seguridad, sino un síntoma de exclusión financiera y vulnerabilidad económica”, advirtió Allegra Baiocchi, Coordinadora Residente de la ONU en Costa Rica.
- El ácido trasfondo
La investigación desnuda una paradoja: mientras la banca formal excluye a miles de hogares por historial crediticio o informalidad laboral, el “gota a gota” ofrece efectivo en cuestión de horas. Pero el costo real es una espiral de usura, extorsión y violencia que convierte a Costa Rica en terreno fértil para un negocio ilegal que se expande a plena luz del día.
