Allan Madriz | EP. El gobierno presentó esta tarde a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que suspendería las anualidades de los funcionarios públicos durante el 2020, para que los recursos sean dirigidos a subsidios de personas que han perdido el trabajo por la emergencia del COVID-19.
El Poder Ejecutivo estima que esta medida permitiría utilizar ¢23.150 millones, que serían trasladados íntegramente a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), para dichos subsidios.
“Las afectaciones sanitarias y económicas que vive el país y el mundo por esta pandemia nos retan a hacer grandes esfuerzos para enfrentar la emergencia que impacta a miles de personas”, indicó la ministra de Planificación, Pilar Garrido.
La medida, que es extraordinaria y se aplicaría por una única vez, excluye a quienes laboren para el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y los cuerpos policiales del país.
“Sometemos a consideración de los señores y señoras diputadas la presente iniciativa, cuyo espíritu busca alivianar la situación que miles de familias atraviesan por la pérdida de su empleo”, agregó Garrido.
El aumento de anualidad del 2020 no se reconocería a futuro y partir del año 2021 la anualidad correspondiente a dicho año, así como los años futuros, se pagaría de manera ordinaria según lo establece la ley. El proyecto adiciona un transitorio único a la Ley de Salario de la Administración Pública.
