Aarón Chinchilla EP. El Viceministro de la Presidencia para Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Juan Alfaro, le solicitó formalmente al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y a la Dirección Nacional de Notariado, que apoyen y ejecuten esfuerzos para fortalecer el proceso de fiscalización y cumplimiento de los derechos de las poblaciones indígenas, establecidos en la Ley Indígena de 1977.
Dicha solicitud pretende que el cumplimiento de las medidas cautelares MC-321-12 emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de los pueblos indígenas Bribri de Salitre y Teribe de Térraba.
Ante ello, el Gobierno de la República le solicitó a los entes de Derecho que analicen emitir lineamientos internos “que generen una llamada de atención” a sus miembros, con el fin de que se verifique el respeto de los artículos 2 y 3 de la Ley Indígena en escrituras públicas, actos notariales, asesorías, contratos, acuerdos comerciales, negocios y otras labores profesionales.
“Me dirigí a las instituciones que representan a los profesionales del derecho con el fin de solicitar una fiscalización y un acompañamiento más enérgico en el cumplimiento de los derechos de esta población. Esperamos que así podamos avanzar en procura de la garantía del derecho a la tierra que pertenece a las personas indígenas del país (…) A pesar de la vigencia de la Ley Indígena desde el año 1977, los pueblos autóctonos denuncian que se siguen dando transferencias de tierra mediante actos que podrían buscar disfrazar de legalidad situaciones totalmente contrarias a derecho”, explicó el jerarca Alfaro.
En otra línea, el Gobierno determinó que el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, además del Ministerio de Justicia y Paz sean los entes responsables de ejecutar e impulsar acciones para para garantizar el cumplimiento de medidas cautelares establecidas por la CIDH.
Todas estas acciones está dirigidas para dar trámite al Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas (PLAN-RTI) y son ejecutadas mediante el Viceministerio de la Presidencia, Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Ministerio Relaciones Exteriores y Culto (MREC) y representantes del Poder Judicial.
