Aarón Chinchilla EP. | El Gobierno de la República, a través del Presidente Carlos Alvarado, en conjunto con autoridades del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), firmaron la Reforma de Ley General de Armas y Explosivos, aprobada por la Asamblea Legislativa.
El proyecto 20.508 suscrito por el Ejecutivo estaría proporcionando brinda más herramientas de control sobre las armas de fuego, además que estaría aumentando las penas de tenencia ilícita de armas tanto legales como prohibidas.
Otro punto contemplado es que la pena privativa de libertad pasará de 4 a 8 años a quien adquiera, comercialice, transporte, almacene, introduzca al territorio nacional, nacionalice, exporte, oculte, fabrique, ensamble, transforme, ejerza labores de corretaje nacional o internacional o utilice armas prohibidas por esta ley, sus partes y componentes y se aumentará el tiempo de condena de cárcel de 3 a 5 años a quien tenga un arma de forma ilegítima y no la haya inscrito.
Las reformas aprobadas aplican también sanciones económicas para quienes no reporten o denuncien la pérdida o sustracción de un arma en un plazo de 5 días, con multas de 10 a 60 días y se establece la obligación del vendedor de armas de informar sobre el trámite al Departamento de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
“Estamos demostrando, con medidas como ésta, que Costa Rica es capaz de avanzar hacia un país más seguro y con menos impunidad”, expresó el Presidente de la República.
Por su parte el jerarca de Seguridad Michael Soto indicó que la reforma permitirá combatir al crimen organizado.
“Quienes se nutren principalmente de armas que pasan del mercado lícito al ilícito. Uno de nuestros principales objetivos ha sido sacar armas de fuego ilegales de las calles, muchas de ellas utilizadas para cometer diversos delitos”.
El proyecto fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 9 de abril anterior luego de ser discutido ampliamente bajo el expediente 20.508. Paralelamente, los legisladores acogieron en primer debate otra reforma a la Ley de Armas y Explosivos, tramitada bajo el expediente 20.509 que fue respaldado constitucionalmente la noche de este miércoles.
En el mismo acto, las autoridades ejecutaron la destrucción de armas como acto simbólico.
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