George Rodríguez EP. El gobierno de Nicaragua dio por finalizada la presencia de la misión enviada a ese país por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
La decisión fue comunicada por el canciller nicaragüense, Denis Moncada, a la representante regional para América Central de la Oacnudh, Marlene Alejos, en una breve nota difundida este viernes.
El gobierno terminó la invitación gubernamental, formulada 19 de junio, a la Oacnudh, a enviar un grupo de trabajo, y también declaró concluida la visita del equipo, de acuerdo con el texto de la cancillería nicaragüense fechado el 30 de agosto.
“Considerando que han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación, este Ministerio comunica que da por concluida la invitación y finalizada la visita a partir de hoy 30 de agosto de 2018”, según lo indicado en la nota de tres párrafos firmada por Moncada.
El canciller aludió así al hecho de que la invitación a la Oacnudh tenía el propósito de que la agencia especializada acompañase el desmantelamiento gubernamental de los “tranques” (bloqueos carreteros) instalados, a nivel nacional, como parte de la masiva protesta popular antigubernamental en el marco de la violenta crisis sociopolítica que hace algo más de cuatro meses convulsiona a Nicaragua.
En junio, el gobierno “giró al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el propósito de que diera acompañamiento a la Comisión de Verificación y Seguridad creada en el marco del Diálogo Nacional, con el fin de asegurar el desmantelamiento de los tranques”, explicó.
La comisión fue establecida el 15 de junio, durante una de las escasas sesiones plenarias del Diálogo Nacional convocado por el gobierno, con la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) como mediadora y testigo, para procurar solución negociada a la dramática crisis nacional.
Instalado el 16 de mayo, el diálogo sufrió una serie de suspensiones, a causa de las posiciones intransigentes de los dos actores centrales –el gobierno, representado por la delegación encabezada por Moncada, y la oposición, representada por la multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia-.
El diálogo permanece suspendido desde finales de junio.
La nota fue fechada un día después de que en conferencia de prensa realizada en Managua, la capital nacional, el coordinador de Oficina Regional para América Central de la Oacnudh, Guillermo Fernández, presentó el informe titulado “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”, documento que cubre el período desde el 18n de abril –fecha de inicio de la presente crisis- hasta el 18 de agosto.
Entre las recomendaciones que incluyó en el informe de 47 páginas, la Oacnudh planteó, al gobierno nicaragüense, cesar toda represalia antiopositora.
Aseguró que es necesario “poner fin inmediato al acoso, intimidación, estigmatización, criminalización -incluido a través del uso de legislación anti-terrorista-, y cualquier otro tipo de represalias en relación con la participación en las protestas, incluidas contra los manifestantes, personas defensoras de los derechos humanos, opositores políticos, periodistas y otros”.
Igualmente, el desmantelamiento y el desarme inmediatos de los grupos parapoliciales, y la protección de la población contra toda variante de violencia.
Asimismo, “detener todos los arrestos ilegales, y liberar a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente; asegurar que el derecho al debido proceso de todas las personas acusadas sea respetado y que cualquier acusación criminal contra ellas sea acorde con los principios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad individual”.
Horas después de conocido el informe de la Oacnudh, el gobierno nicaragüense hizo pública una declaración de 33 páginas en la que refutó el contenido del documento, entre otras razones, por considerar que se trata de un texto cuya redacción fue evidentemente influenciada por sectores de oposición, por lo que carece de objetividad:
En un acto público llevado a cabo en Managua, también el miércoles, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, rechazó, en fuertes términos el informe, y acusó a la Oacnudh de no ajustarse a la verdad.
“Estos organismos, de Naciones Unidas en este caso, este organismo que tiene que ver los derechos humanos no son más que unos instrumentos de la política de la muerte, el terror, la mentira, son infames”, aseguró, en la multitudinaria actividad conmemorativa del 51 aniversario de la batalla de Pancasán, un hito histórico en la exitosa lucha guerrillera contra la dictadura (1967-1979) del general Anastasio Somoza Debayle.
Estallada el 18 de abril, a raíz de un fracasado decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la presente crisis ha implicado una escalada de violencia policial y para policial contra extensos sectores de la sociedad civil que ahora exigen la renuncia del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a sus respectivos cargos.
En algo más de cuatro meses, la convulsión sociopolítica ha cobrado cerca de 500 vidas, y generado más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos, además de daños infraestructurales y económicos.
