George Rodríguez EP. El gobierno de Nicaragua exigió, este lunes, la renuncia de Luis Almagro a la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Ello, a causa de declaraciones que recientemente formuló referidas a Nicaragua y a Venezuela, indicó el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), en un comunicado.
Por su parte, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, citada en el comunicado, ratificó el planteamiento y aseguró que esas específicas afirmaciones de Almagro son violatoria de la Carta de la OEA.
Se trata de expresiones del secretario general, en dos actividades regionales en las que, respectivamente, llamó a la comunidad internacional a asfixiar lo que describió como la dictadura nicaragüense, y aseguró que ninguna opción –ni siquiera la militar- debe descartarse para dar solución a la crisis venezolana.
“La República de Nicaragua expresa su más enérgica y firme condena a la posición del Secretario General de la OEA, y hace formal denuncia de su conducta que, además de extralimitarse e incumplir con sus funciones como representante de la organización regional, transgrede gravemente los propósitos y principios que está obligado a defender y que constituyen los pilares del derecho y la paz mundiales”, manifestó el gobierno.
Almagro se descalificó, al formular esas expresiones, según la administración del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa Murillo.
“Esas Declaraciones, por lo tanto, lo descalifican para seguir ostentando el cargo de Secretario General de la OEA, cargo al cual debe renunciar”, aseguró el gobierno, que, además, indicó que, “por este medio, hace expresa y pública condena de las declaraciones” del funcionario continental.
Al respecto, Murillo advirtió que lo afirmado por Almagro constituye una amenaza a la paz y a la seguridad mundiales.
“El Gobierno analiza el irrespeto del señor Luis Almagro a los principios fundamentales del Derecho Internacional, denuncia sus declaraciones como una grave amenaza a la paz y seguridad internacional, una gravísima violación del Derecho Internacional, denuncia la violación del señor Almagro de la Carta de la OEA que llama a defender la soberanía, la integridad territorial, la independencia de los estados”, aseguró la vicepresidenta.
De ese modo, la OEA está indebidamente interviniendo en los asuntos internos de los países, denunció.
“La OEA no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la Carta, ninguna de las disposiciones autoriza a la OEA a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los estados”, expresó.
Almagro transgredió, así, principios clave que, por su investidura, tiene la obligación de defender, advirtió, además, la vicepresidenta.
“El Gobierno denuncia la violación, de parte del señor Luis Almagro, de la propia Carta de la OEA y de los principios fundamentales del derecho internacional”, por lo que “condena, de manera enérgica y firme, al Secretario General de la OEA”, manifestó.
Por ello, la administración denuncia ese comportamiento, aseguró, asimismo.
En ese sentido, el gobierno “hace formal denuncia de una conducta suya que, además de extralimitarse, incumple con sus funciones como representante de una organización regional, y transgrede, gravemente, los propósitos y principios que está obligado a defender y que constituyen los pilares del derecho y la paz mundiales”, indicó.
Murillo señaló que lo planteado es determinante para que Almagro, un ex canciller uruguayo, abandone el cargo que desempeña, desde 2015, en la OEA.
“Pedimos, el Gobierno de Nicaragua (…) su formal renuncia a ese cargo”, reafirmó.
El comunicado gubernamental y las declaraciones de Murillo fueron dados a conocer mientras continúa la inestable situación que inició hace casi cinco meses en Nicaragua.
La violenta crisis sociopolítica que golpea hace casi cinco meses a ese país centroamericano estalló el 18 de abril, a causa de un decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El retiro, días después, del decreto, determinó que la masiva protesta popular en desarrollo se enfocase en la actual exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos.
La respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en intensificar la represión tanto policial como parapolicial, acciones que han cobrado alrededor de 500 vidas, y generado más de dos mil heridos, detenidos y desaparecidos.
La dramática situación también ha causado daño de consideración a la economía nacional, lo que, según diversos cálculos, incluye el cierre de un alto número de medianas y pequeñas empresas, y la consecuente pérdida de cientos de miles de empleos.
Asimismo, ha determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la vecina Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
