George Rodríguez EP. El gobierno guatemalteco informó este martes que decidió prohibir el regreso del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, quien se encuentra en Estados Unidos.
El anuncio fue formulado mediante un comunicado que difundió en la red social Twitter, al igual que una nota de tres párrafos que la coordinadora de la Subdirección de Control Migratorio de la Dirección General de Migración, Raquel María Vicente, dirigió, el 3 de setiembre, a los jefes delegados de la dependencia a nivel nacional.
La decisión fue consensuada por el Consejo de Seguridad Nacional, en virtud de que Naciones Unidas optó por la pasividad ante señalamientos que durante un año el gobierno le formuló respecto al trabajo de la Cicig, de acuerdo con lo afirmado en el comunicado.
“El Consejo de Seguridad Nacional, ante la pasividad que adoptó la Organización de Naciones Unidas, realizó un análisis profundo sobre dicha situación en el marco de la seguridad y el orden público, acordando, en consenso, recomendar prohibir el ingreso a territorio nacional del señor Iván Velásquez”, indicó el gobierno.
Ello, a causa del riesgo que Velásquez representa para la seguridad guatemalteca, aseguró.
El comisionado es descrito, en el texto gubernamental como una persona quien “atenta contra el orden y la seguridad pública; afectando la gobernabilidad institucionalidad, justicia y la paz del país”.
Los siete integrantes del consejo son: Morales, el vicepresidente Jafeth Cabrera, los ministros Sandra Jovel (canciller), Enrique Degenhart (Gobernación), general Luis Miguel Ralda (Defensa), el secretario de Inteligencia Estratégica del Estado Mario Andrés Duarte, y el procurador General de la Nación Jorge Luis Donado.
Por otra parte, en la carta que dirigió a las autoridades de Migración a nivel nacional, Vicente indicó que la prohibición obedece a motivos de| seguridad.
“Por razones de orden y seguridad pública, el señor Iván Velásquez Gómez, de nacionalidad colombiana, tiene impedimento para ingresar al territorio nacional”, escribió la funcionaria.
La disposición apunta a evitar que Velásquez ingrese por cualquier puesto de frontera, precisó.
Por ello, “solicito girar las instrucciones, de forma inmediata, a quien corresponda a efecto se tomen las medidas pertinentes”, planteó.
Entretanto, el portavoz de la Cicig, Matías Ponce informó que Velásquez continúa en Estados Unidos la visita de trabajo que había programado hacía algunas semanas, e indicó que la comisión no había recibido, este martes por la mañana, notificación alguna sobre la decisión respecto a Velásquez.
“La Comisión no ha recibido ninguna información oficial al respecto. El comisionado continúa con su labor y agenda con total normalidad en Nueva York y Washington, en Estados Unidos. Mientras tanto, el trabajo de la Comisión continúa en función del acuerdo del Estado de Guatemala y las Naciones Unidas”, precisó.
La decisión gubernamental fue conocida cuatro días después de que Morales informó que su administración no renovaría, el año próximo, el mandato de la comisión.
Morales, quien, desde que asumió el cargo para el período 2016-2020, mantenía una creciente confrontación con la Cicig, aseguró, a periodistas, que la medida fortalece la institucionalidad guatemalteca en el combate anticorrupción.
“Esta decisión es un paso hacia delante en el fortalecimiento de nuestras instituciones, para garantizar la continuidad en la lucha contra la corrupción, la violencia y el delito”, planteó en la declaración que formuló sin aceptar preguntas, y acompañado por un alto número oficiales militares y policiales.
El mandatario dijo, además, que en 2017 presentó quejas al secretario general de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres, sobre la conducta de integrantes de la comisión.
“El año pasado, se hizo ver al secretario general de Naciones Unidas muchas de las preocupaciones que el Estado de Guatemala tenía respecto del actuar irresponsable de la Comisión y de muchos de sus integrantes, violando nuestras leyes”, afirmó.
Morales expresó, igualmente, que informó a Guterres, mediante carta, sobre la decisión gubernamental.
“Como podrá ver su excelencia, la CICIG ha permanecido en el país por más de 10 años, considerándose que a la fecha el mismo ha sido suficiente para que dicha Comisión haya logrado el cumplimiento de los objetivos fundamentales del acuerdo”, escribió el presidente, al secretario general.
La comisión viene operando, desde 2006, mediante renovaciones periódicas de su mandato, la más reciente de las cuales vencer en 2019.
Morales ordenó, el año pasado, la expulsión, de Guatemala, de Velásquez, un abogado colombiano, pero la decisión fue anulada por la Corte de Constitucionalidad.
La comisión, junto con la Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones sobre casos de corrupción que han involucrado a allegados a Morales y también al mandatario.
Uno de los casos se refiere a fraude cometido hace cinco años contra el Estado, e involucra a José Manuel Morales, hijo del presidente, y a Sammy Morales, hermano del mandatario, quienes aguardan juicio.
Además, ambas entidades solicitaron, el 10 de este mes, el desafuero de Morales, por un posible financiamiento electoral ilícito para su exitosa campaña electoral, en 2014.
El presidente ha negado el señalamiento.
El acuerdo de creación de la Cicig, suscrito el 12 de diciembre de 2006 por Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala –entonces presidido (2004-2008) por el ex alcalde capitalino Oscar Berger, define al grupo como un órgano independiente de apoyo al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil (PNC) así como a otras entidades estatales guatemaltecas.
Ello, para facilitar la investigación de lo que en el convenio de 15 artículos se define como casos delicados y difíciles, y, en materia de seguridad, lograr la desarticulacióde cuerpos ilegales y aparatos clandestinos.
