George Rodríguez EP. El gobierno de Nicaragua estimó, este martes, en menos de 200 las víctimas fatales de la represión en el marco de la violenta crisis sociopolítica que afecta hace más de tres meses a ese país, lo que generó el inmediato rechazo de organizaciones defensora de los derechos humanos, las que refutaron el saldo oficial, por considerarlo marcadamente inferior al real.
Los datos, elaborados por la Policía Nacional, fueron revelados en conferencia de prensa por altos funcionarios nicaragüenses, incluidos el canciller, Denis Moncada, y el inspector de la Policía Nacional, comisionado general Jaime Vanegas.
Al reiterar la versión gubernamental de que la violencia que convulsiona a Nicaragua es causada por terroristas que intentan un golpe de Estado, el cálculo oficial ubicó en 197 el total de personas fallecidas por esa causa desde el 19 de abril hasta el 25 de julio.
Según esa estimación el dato se desglosa en 191 hombres y seis mujeres.
Moncada aseguró que la cifra oficial –alrededor de la mitad de las estimaciones de organismos locales e internacionales de derechos humanos- se refiere a casos derivados exclusivamente de la violencia sociopolítica, mientras que las fuentes que no son gubernamentales incluyen, en sus datos, a personas fallecidas por otras causas.
De acuerdo con el cálculo oficial, el número de fallecidos, en el período analizado, a causa de hechos de delincuencia común, accidentes de tránsito, entre otras razones, se ubica en 253.
Según ese razonamiento, el total de víctimas fatales en ese lapso quedaría estimado en 450.
Las fuentes de la defensa de los derechos humanos mezclan las cifras, “haciéndolas aparecer como si todas se ocasionaran en el contexto del intento de golpe de estado promoviendo una percepción de mayor inestabilidad e inseguridad en perjuicio de nuestro gobierno y del pueblo nicaragüense”. Dijo Moncada.
El canciller, un militar retirado, aludió así a cálculos de entidades tales como la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las que para similar período –del 18 de abril al 25 de julio- estimaron las víctimas fatales, respectivamente, en 448 y 317.
Según Moncada, las oficiales, “son las cifras reales”.
Las afirmaciones de las autoridades de gobierno fueron inmediatamente refutadas por dirigentes de algunas de las mayores organizaciones nicaragüenses defensoras de los derechos humanos.
Juan Carlos Arce, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo que la distorsión gubernamental de los datos es parte de las acciones “para vender una realidad que nadie compra”.
Coincidentemente, Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), describió las afirmaciones de las autoridades gubernamentales como no creíbles.
“Se enmarcan en toda la campaña que tienen de desprestigio, de descalificación, persecución a los organismos de derechos humanos”, pero “nadie les cree”, expresó.
A diferencia del gobierno presidido por Daniel Ortega, organizaciones como la CPDH están comprometidas con la población, motivo por el cual el oficialismo procura descalificarlas, expresó Carmona.
“Nuestro compromiso es con la ciudadanía, y, desde esa perspectiva, los gobiernos que son violadores de derechos humanos, que son gobiernos intolerantes, represivos, y que asesinan al pueblo, definitivamente que van a tratar de descalificar el trabajo que hemos venido desarrollando durante todos estos años”, explicó el dirigente de la CPDH.
La solidez de las cifras dadas a conocer por esas entidades radica en que las fuentes son personas directamente vinculadas con las víctimas, aseguró.
“Allí están los muertos. Nosotros no estamos inventando nada. Allí están los familiares que han venido a poner denuncia”, subrayó.
En términos similares, Arce defendió la validez de los datos no gubernamentales.
Respecto a las cifras que ha dado a conocer el Cenidh, el activista aseguró que “no las recogemos del Facebook” sino que “es información verificada” por los defensores enlaces comunitarios de la organización.
La violenta crisis sociopolítica estalló el 18 de abril, a causa de un fracasado decreto presidencial que incluía reformas al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la masiva protesta pasó a centrarse en la exigencia popular de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos.
