George Rodríguez EP. El Grupo Interdisciplinario Internacional de Expertos Independientes (GIEI) denunció este jueves que no ha recibido, de parte del gobierno de Nicaragua, la información necesaria para ayudar en la investigación de hechos de violencia enmarcados en la crisis sociopolítica que hace más de tres meses golpea al país.
Se trata del contenido de los expedientes del Ministerio Público (MP) y datos de otras fuentes estatales, insumos esenciales para el desempeño de su labor, dijeron, en conferencia de prensa, los cuatro integrantes del GIEI, equipo creado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En opinión de activistas locales de derechos humanos, el gobierno procura, de esa manera, mantener en impunidad los crímenes cometidos en el marco de la represión antiopositora.
“Hasta el día de hoy, no hemos tenido acceso a esa información, que es imprescindible para poder cumplir con las tareas que se nos asignaron”, dijo Claudia Paz y Paz, quien, junto con Amerigo Incalcaterra, Sofía Macher, y Pablo Parenti, integra el equipo de expertos.
Al no contar con esa información, el grupo se ve impedido de cumplir plenamente su mandato, advirtió.
“Nuestra tarea (…) se ve seriamente limitada”, aseguró Paz y Paz.
Los integrantes del equipo señalaron que desde que se instalaron, el 3 de julio, en Nicaragua, vienen solicitando los insumos para cumplir su labor.
“Hasta ahora no hemos recibido respuesta formal a esa solicitud”, señaló Parenti, quien precisó que “solamente en algunas reuniones hemos recibido alguna respuesta formal” consistente en que los materiales solicitados están en proceso.
En un comunicado difundido durante la conferencia de prensa, el GUIEI señaló que la información solicitada es imprescindible para el cumplimiento de su cometido.
“El GIEI reitera que esta información no solo es necesaria sino imprescindible para poder cumplir con la función de coadyuvancia a las autoridades nacionales”, planteó.
En opinión de activistas nicaragüenses de derechosa humanos, se trata de un esfuerzo gubernamental por mantener la impunidad.
En ese sentido, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, advirtió que “es un patrón de conducta del Estado de Nicaragua, de garantizar, siempre, impunidad ante los crímenes”.
El grupo fue creado mediante acuerdo entre la OEA y el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, suscrito el 30 de mayo, en la sede de la organización continental, en Washington.
Según lo indicado en el texto, el GIEI tiene “la finalidad de coadyuvar y apoyar las acciones iniciadas por el Estado de Nicaragua” para la investigación de los hechos de violencia, y, entre otros cometidos, debe “analizar técnicamente las líneas de investigación y hacer recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica, de conformidad con la legislación nicaragüense”.
El GIEI tiene plazo inicial de trabajo de seis meses, aunque el mandato es prorrogable según se considere necesario.
La designación de los cuatro integrantes del grupo correspondió al secretario general de la OEA, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, a partir de propuestas formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El acuerdo de cuatro páginas fue firmado por Almagro, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, y el secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrão.
Moncada es, además, el jefe de la representación gubernamental en el Diálogo Nacional que, convocado por la administración Ortega y mediado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), apunta a lograr una solución negociada a la violenta crisis política de ese país.
Instalado el 16 de mayo, el complejo diálogo –en el cual la oposición está representada por la multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia- ha sido frecuentemente interrumpido en virtud de la intransigencia de ambos actores principales, hallándose suspendido.
Estallada el 18 de abril, a raíz de fracasadas reformas al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la violenta crisis sociopolítica nicaragüense había cobrado, al final de julio, casi 450 vidas y generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, fruto principalmente de la represión policial y parapolicial antiopositora.
Retirado el decreto, la masiva exigencia de la población pasó a enfocarse en la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a sus respectivos cargos, a lo cual la pareja gubernamental ha respondido con represión.
