El fiscal general de la República, Carlo Díaz, anunció que solicitará a la Asamblea Legislativa reincorporar los ₡6.000 millones necesarios para fortalecer al Ministerio Público en la lucha contra el crimen organizado y la violencia contra las mujeres, recursos que el Gobierno de Rodrigo Chaves bloqueó pese a estar presupuestados para 2025.
La petición se hará en el marco de la discusión del Presupuesto Ordinario 2026, que será presentado este lunes por el Ministerio de Hacienda.
Díaz recordó que el Ministerio de Hacienda se negó a transferir los fondos destinados a financiar nuevas plazas en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y en la Fiscalía, pese a que la Asamblea Legislativa los había autorizado.
“Son los tres años más violentos en la historia de Costa Rica. Lo vemos con la cantidad de homicidios, de femicidios y de casos de violencia contra las mujeres. Los diputados son conscientes de esa situación, ojalá esta vez el Ejecutivo no obstaculice la entrega de los recursos”, afirmó el fiscal general.
En julio, el Poder Judicial recibió la confirmación del entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y de la Dirección de Presupuesto Nacional de que los recursos no se transferirían, en desobediencia a lo dispuesto por el Congreso.
La diputada Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, adelantó que insistirán en reintegrar el dinero en la discusión presupuestaria de 2026.
“Vamos a seguir insistiendo con la esperanza de que el próximo gobierno, que inicia en mayo del 2026, sí invierta en estos recursos y fortalezca la seguridad nacional. Este gobierno ha demostrado que no tiene voluntad en ese tema”, señaló.
El fiscal general advirtió que la falta de recursos afecta directamente a despachos clave, como los de crimen organizado, narcotráfico, violencia doméstica y delitos sexuales.
“En la Fiscalía estamos bastante ahogados.
El déficit es grande en áreas como crimen organizado, juicios y violencia contra las mujeres. Incluso este año teníamos recursos asignados para atender la violencia de género, pero Hacienda no los transfirió”, explicó Díaz.
Las plazas bloqueadas estaban destinadas, en su mayoría, a fiscalías especializadas en delitos sexuales y violencia contra mujeres, una de las áreas con mayor rezago.
Según el Informe Estado de la Justicia 2025, solo el 14 % de las denuncias por violencia contra mujeres llega a juicio, y la mitad de esos procesos termina en absolución. Entre 2019 y 2022, el Ministerio Público cerró 18.486 expedientes sobre delitos graves de género, pero apenas 14 de cada 100 llegaron a juicio.
La falta de personal y de recursos amenaza con agravar esta situación. “Lo que queremos es atender con firmeza el fenómeno delictivo contra una población vulnerable, pero necesitamos el apoyo político y financiero para hacerlo”, concluyó Díaz.
