La Fiscalía General de la República ordenó la emisión de una alerta migratoria contra la exdiputada Pilar Cisneros Gallo con el fin de poder ubicarla y notificarle formalmente una citación a declaración indagatoria.
Así fue comunicado por la oficina de prensa del Ministerio Público, la cual señaló que la Fiscalía General emitió una alerta migratoria para Cisneros, en virtud de que requiere citarla para su declaración indagatoria. Lo anterior debido a que no ha podido ser citada ni en su casa ni por medio de su teléfono.
“Por este caso, ya fueron indagadas otras tres personas que ya no ostentan fuero o inmunidad. Se aclara que el documento emitido no indica ni requiere que cada entrada y salida del país de la señora Cisneros deba ser informada a la Fiscalía”. indicaron
Asimismo, aclararon que el caso no es atendido por el Fiscal General, puesto que en el expediente no figuran personas con inmunidad.
Al no ejercer ya un cargo en la función pública ni contar con un lugar de trabajo fijo donde pueda ser abordada, las autoridades judiciales recurrieron a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para asegurar su localización en los puestos fronterizos.
El Ministerio Público aclaró expresamente que la disposición adoptada no equivale a una orden de captura ni constituye un impedimento para que Cisneros salga del país. Se trata únicamente de un aviso administrativo para que el personal migratorio en aeropuertos o fronteras terrestres informe a las autoridades judiciales sobre la presencia de la excongresista, lo cual permitirá entregarle la notificación oficial del proceso en su contra.
Cisneros está siendo investigada por presuntamente participar de dos estructuras paralelas para recibir y administrar fondos destinados a la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) entre 2021 y 2022. De acuerdo con la tesis presentada por la Fiscalía, una de esas vías habría funcionado a través del fideicomiso privado Costa Rica Próspera, mientras que la segunda operó presuntamente mediante cuentas bancarias personales utilizadas para canalizar aportes. Dichos movimientos de dinero se habrían ejecutado al margen de la tesorería oficial de la agrupación política y al margen de los mecanismos de fiscalización del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), vulnerando las normas que exigen que las contribuciones provengan exclusivamente de ciudadanos costarricenses identificados y a través de los canales partidarios autorizados.
