La causa corresponde a la adquisición de un terreno en el cantón de Alajuelita, en el año 2010, propiedad que supuestamente no cumple con los requisitos para la construcción de un proyecto habitacional para familias de bajos recursos, pues presenta problemas de deslizamiento.
La compra se realizó sin los refrendos de avalúos e informes de la Contraloría General de la República, y presuntamente el INVU habría pagado al menos ¢98 millones de sobreprecio por el terreno.
Los agentes de la sección de fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) entraron esta mañana en las dependencias de la institución. El delito que se investiga es influencia en contra de la Hacienda Pública en el cumplimiento de deberes de varios funcionarios del INVU. El Periódicocr
