Aarón Chinchilla EP. | La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) realizó seis allanamientos relacionados con una investigación en contra de dos funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP) que compraron dos terrenos con impedimento legal para la construcción y habrían, presuntamente cometido los delitos de enriquecimiento ilícito e influencia en contra de la hacienda pública.
Según trascendió, la operación pretendía recabar prueba documental sobre la compra de dos fincas para la construcción de centros educativos Liceo de Copey de Dota y la Escuela de Las Vueltas de Tucurrique de Cartago, los cuales fueron adquiridos pese a tener un impedimento legal para ser utilizados en su totalidad.
Asimismo, dichas fincas, que fueron compradas bajo autorización de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), cuentan con nacientes de agua, lo que limitaría el desarrollo de obra y en la misma línea, dichos espacios “no contaban con las condiciones idóneas para la construcción de escuelas y colegios”.
En los allanamientos, la FAPTA, junto al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), decomisó prueba documental en la Dirección de Tecnología, Dirección Financiera, Departamento de Gestión de Trámites y Servicios de la Dirección de Recursos Humanos. Asimismo, se ejecutaron acciones en la empresa Geocad S.A. y en los despachos de los imputados, ubicados en San José.
La Fiscalía detalló que no se puede brindar el nombre de los investigados, ya que, por política interna, solo se podrá hacer cuando las personas hayan sido indagadas; sin embargo, la investigación en su contra continúa en desarrollo.
La causa corresponde al expediente 19-000264-1218-PE.
Posición MEP:
Tras el operativo, el Ministerio de Educación señaló que el Despacho Ministerial y la asesoría jurídica se pusieron a las órdenes de la investigación.
Mediante un comunicado de prensa, la institución señaló el mes anterior, la consulta de caso había sido remitida a la Auditoría Interna por parte de la misma Ministra de Educación, Guiselle Cruz quien remitió el oficio DMS-1439-2019 al Auditor Institucional, Edier Navarro, para solicitar la investigación de la compra de dos terrenos ubicados en Tucurrique de Cartago y Copey de Dota y que, en apariencia, no eran aptos para construir.
En el oficio, la Ministra adviertió sobre la necesidad de investigar todo aquello que cause daño a la comunidad educativa y el erario público, por lo que concluye diciendo que “dado que pueden existir otras situaciones similares, solicito considerar la posibilidad de programar una investigación más amplia, que permita determinar si existen anomalías similares en otras adquisiciones en un periodo de cinco años”.
