Aarón Chinchilla EP. | La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos se encuentra dirigiendo una serie de allanamientos en cinco puntos, entre ellos las oficinas del BAC y la casa del exgerente bancario Gerardo Corrales, como parte de una investigación por el presunto delito de quiebra fraudulenta, vinculada con la empresa Corporación Yanber S.A.
Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio Público detalló que las acciones operativas se desarrollan en las oficinas de la entidad financiera BAC San José, ubicadas en Escazú; en el Gómez & Galindo en Avenida Escazú, una oficina de consultoría financiera de la entidad bancaria en Plaza Roble y dos casas de habitación de Gerardo Corrales.
La Fiscalía señaló que los allanamientos no pretenden realizar detenciones sino que, más bien, se pretende decomisar evidencia documental y electrónica para sumarla al expediente 18-000624-1220-PE, en el que se investiga una serie de operaciones administrativas y financieras que se realizaron durante el proceso de declaratoria de quiebra de Corporación Yanber S.A. y Fomento Agrícola del Atlántico S.A. (FADASA).
Los hechos tienen su origen en mayo del 2015, cuando estas empresas alegaron problemas financieros ante el Juzgado Concursal de San José, y se extienden temporalmente al menos hasta setiembre del 2018, cuando se resolvió la declaración de quiebra de las entidades.
Debido a que la causa se encuentra en la fase preparatoria, las actuaciones que se realicen son de carácter privado, según lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal, por lo que esta es toda la información que se puede brindar por el momento.
Según información que se tiene hasta el momento, la empresa fabricante de plásticos habría falseado sus estados financieros desde 2011 para acceder a préstamos de la banca estatal y privada y en 2015, la empresa habría cometido nuevas irregularidades en contabilidad, cometiendo, en apariencia, el delito de fraude. Posterior a dicho caso, en junio de dicho año, Yanber se declaró en quiebra.
En 2016 la empresa dio el 100 por ciento de sus acciones a 50 acreedores y el Banco Nacional (BN) interpuso una demanda por un presunto fraude de $6 millones (¢3.456 millones) más un monto superior a los dos mil millones de colones.
Posterior a la denuncia del BN, otras entidades bancarias presentaron nuevas denuncias por el presunto delito de fraude: Banco de Costa Rica (BCR) por 6975 millones de colones, Banco de Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) ¢1.120 millones entre otros casos.
