El diputado y líder del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado, solicitó a la Asamblea Legislativa de Costa Rica que se anule la investigación administrativa que se sigue en su contra por las denuncias de presunto abuso sexual presentadas por la exdiputada Marulin Azofeifa.
La petición fue presentada mediante un escrito de una página enviado al Congreso el 10 de marzo, en el cual el legislador solicitó declarar la “incompetencia” de la comisión legislativa encargada de investigar los hechos.
El argumento central de Alvarado es que la denunciante decidió llevar el caso a la vía penal ante la Fiscalía, por lo que —según su planteamiento— el proceso administrativo en el Parlamento no debería continuar.
En el documento remitido al Congreso, el diputado alegó que se encuentra en un “grave estado de indefensión” debido a que la denuncia presentada ante el Ministerio Público todavía no le ha sido trasladada oficialmente.
El legislador sostuvo además que sus abogados le recomendaron solicitar que el procedimiento legislativo se detenga mientras el caso se tramita en la vía judicial. Según su posición, ambos procesos serían “incompatibles simultáneamente” en relación con su derecho al debido proceso.
En el mismo escrito, Alvarado también cuestionó los señalamientos en su contra y afirmó que los hechos denunciados “no son ciertos”, al tiempo que insistió en que se referirá a ellos únicamente dentro del proceso judicial.
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La solicitud del diputado surge en medio de la investigación que lleva a cabo una comisión legislativa integrada por cinco congresistas, creada para analizar la denuncia presentada inicialmente ante el Parlamento.
Ese procedimiento interno tiene carácter administrativo y disciplinario y se tramita bajo el reglamento de hostigamiento sexual aplicable a diputados dentro del Congreso.
Los abogados de la denunciante rechazaron la pretensión del legislador y sostuvieron que el proceso legislativo sí puede continuar, aun cuando exista una causa penal en trámite.
Según la defensa de Azofeifa, ambos procedimientos tienen objetivos distintos: mientras la investigación penal busca determinar responsabilidades penales, la vía legislativa pretende establecer si existió una falta administrativa y eventualmente aplicar sanciones disciplinarias.
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En esa línea, recordaron que la jurisprudencia constitucional ha señalado que es válido tramitar de forma paralela un proceso penal y uno administrativo por los mismos hechos, ya que cada uno analiza responsabilidades distintas.
Denuncia por presuntos delitos sexuales
El caso se originó luego de que Marulin Azofeifa presentara una denuncia penal contra Fabricio Alvarado por presuntos delitos sexuales que, según su versión, habrían ocurrido entre 2018 y 2025.
Además del proceso penal, la exdiputada también acudió a la vía administrativa dentro de la Asamblea Legislativa, donde denunció conductas como acoso sexual, abuso de poder y tocamientos no consentidos.
Incluso, reveló una carta donde le hacía ver que “no quería ser su amante” y además, no le permitiría que la continuara tocando y teniendo acercamientos impropios.
