George Rodríguez EP. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó la implementación de un programa para reparar a las víctimas de la violenta crisis sociopolítica que hace más de seis meses afecta a Nicaragua.
El programa, a ser puesto en operación una vez superada la dramática situación que ha cobrado cientos de vidas, debe cubrir a todos los sectores afectados, con particular énfasis en las personas quienes han perdido familiares, indicaron integrantes del GIEI, en diálogo con periodistas llevado a cabo el lunes.
En opinión de Julie Guillerot, consultora independiente del GIEI, se trata, además de reparar a las víctimas, de procurar que las violaciones a los derechos humanos no se repitan, y el proceso de resarcimiento debe ser aplicado imparcialmente, sin importar la ideología de las personas afectadas.
Además, el proceso reparador debe llevarse a cabo en coincidencia con las medidas que se proyecte adoptar luego de la crisis.
Las medidas “podrían ser simbólicas, materiales, de forma individual o colectiva”, indicó, para agregar que “el programa tiene que ser diseñado para que alcance el mayor número de personas o víctimas”, y explicó, a manera de ejemplo, que entre las primeras figura el pedido de disculpa, por parte del Estado, a causa de la violación de los derechos humanos.
Otra variante consiste en el pago, por parte del Estado, de indemnizaciones o la asignación de pensiones vitalicias.
En estos casos, “se recomienda crear un fondo de reparación, para recolectar recursos y no recargarlo a las finanzas del seguro social, por ejemplo”, sugirió.
Es necesario tener en cuenta que reparar no significa aplicar una medida coyuntural, y que se trata de un proceso sin plazo.
“Reparación no es dar algo para que la víctima calle”, advirtió Guillerot, quien explicó, asimismo, que “no hay tiempo determinado para resarcir a las víctimas”, ya que, “generalmente, se sabe cuándo empiezan estos procesos pero no cuándo terminan”.
Por su parte, Sofía Macher, integrante del GIEI, advirtió, coincidentemente, que se trata de un proceso que apunta a las personas directamente afectadas por la dramática situación, y que, por su naturaleza, presenta complejidad.
Al respecto, aclaró que la crisis nicaragüense afecta, por su masivo alcance, a la población en general, aunque con particular intensidad a sectores específicos, entre los cuales figuran las familias que han sufrido la pérdida de integrantes.
En el caso de las víctimas fatales, la manera de resarcir a los familiares implica justicia, ya que “no hay reparación sin justicia”, subrayó Macher.
La integrante del GIEI dijo que, durante una reunión, llevada a cabio el 22 de julio, con el canciller nicaragüense, Denis Moncada, para abordar el tema, el funcionario indicó que presentaría, días después, al grupo, una propuesta –lo que no ha ocurrido-.
“Nos dijo que le estaban dando los últimos retoques y que, en una semana, nos enviarían ese documento de la propuesta de reparación”, pero “nunca lo entregaron”, por lo que se ignora “lo que están pensando ellos como reparación”, señaló.
El grupo fue creado mediante acuerdo entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, documento suscrito el 30 de mayo, en la sede de la entidad continental, en Washington.
La designación de los cuatro integrantes del grupo –Machner, Claudia Paz y Paz, Amerigo Incalcaterra, Pablo Parenti- correspondió al secretario general de la OEA, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, a partir de propuestas formuladas por la CIDH.
Según lo indicado en el texto, el GIEI tiene “la finalidad de coadyuvar y apoyar las acciones iniciadas por el Estado de Nicaragua” para la investigación de los hechos de violencia, y, entre otros cometidos, debe “analizar técnicamente las líneas de investigación y hacer recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica, de conformidad con la legislación nicaragüense”.
El grupo tiene plazo inicial de trabajo de seis meses, aunque el mandato es prorrogable según se considere necesario.
El acuerdo de cuatro páginas fue firmado por Almagro, Moncada, y el secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrão.
La creación del GIEI se enmarca en la violenta crisis sociopolítica estallada el 18 de abril y que, hasta ahora, presenta saldo de por lo menos 528 víctimas fatales, miles de detenidos, heridos, y desaparecidos, daño general a la economía nacional, y la emigración de decenas de miles de personas –principalmente a la vecina Costa Rica-.
Las manifestaciones masivas, en apoyo a la exigencia de renuncia por parte de Ortega lo mismo que su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, son reprimidas por agentes policiales –principalmente antidisturbios- y grupos parapoliciales, en general, actuando conjuntamente.
La represión antiopositora se lleva a cabo lo mismo masivamente, contra marchas callejeras y otras actividades públicas, que selectivamente, mediante detenciones y ajusticiamientos de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.
