Aarón Chinchilla EP. | Distintos exdiputados manifestaron su oposición a la propuesta que pretende ejecutar una serie de modificaciones al reglamento de la Asamblea Legislativa.
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Según manifestaron, la posible modificación al reglamento legislativo no busca un cuerpo normativo que mejore el funcionamiento del parlamento, sino que pretende limitar el el uso de la palabra y coartar el derecho de enmienda de los diputados.
Por otra parte afirmaron que los que impulsan la reforma, pretenden promulgar, en el menor tiempo posible, leyes que privaticen las instituciones creadas en los gobiernos de Rafael Angel Calderón Guardia y José Fgueres Ferrer.
Las privatizaciones del Instituto Nacional de Seguros, del Banco Nacional del Banco de Costa Rica, Universidades Públicas, el Instituto Costarricense de Electricidad y la Caja Costarricense del Seguro Social como ya lo hicieron con el Consejo Nacional de Producción, serán una realidad en un tiempo récord. Eso es lo que quieren quienes están detrás de esta reforma al Reglamento Legislativo, que son los mismos que no pagan impuestos, ni la cuota obrero patronal a la CCSS.
Según Otto Guevara, realizar modificaciones, “atropella a la democracia costarricense”.
Los partidos que han estado en el poder Ejecutivo, digo el PLN-PUSC y ahora el PAC, siempre han querido avasallar a quienes piensan diferente. Esta herramienta del reglamento lo están modificando para doblegar a quienes piensan diferente y afecta directamente a la democracia”.
Por otra parte, Gloria Valerín manifestó que una reforma al reglamento, únicamente beneficiaría a los intereses del bipartidismo y sus aliados.
Estas reformas tienen un hilo conductor: Evitar que los diputados hablen, mocionen y cambien los proyectos de ley ¿Qué logran con ello? Que los acuerdos entre el bipartidismo, que tiene aliados ocasionales como el PAC, hagan lo que les de la gana ¡Eso es muy grave! No puede haber democracia si solo impera la palabra de pocos. Las minorías deben ser oídas. Las minorías también están representadas en el parlamento y lo demostramos cuando marchamos contra el combo fiscal. Nosotros como pueblo tenemos el derecho de ser oídos a través de nuestros representantes. Es tan grave esto que, incluso, algunos proyectos no admitirían mociones ¿Dónde se ha visto semejante cosa?
Criterio similar tuvo Jose Miguel Corrales, quien mencionó que la reforma pretende desmantelar el Estado social de derecho, sus instituciones y los poderes facultativos de los legisladores. Según el exdiputado, hay intereses de por medio en la aprobación de la modificación al reglamento.
Nuestra experiencia nos indica que la democracia está en peligro si se aprueba la reforma reglamentaria. Están limitando la facultad del diputado de modificar un proyecto de ley, además de hacer uso de la palabra. Esos dos elementos son vitales en la democracia. Por otra parte, quieren desmantelar el Estado social de derecho que nos dejó el Dr. Calderón Guardia y Pepe Figueres. Van a vender las instituciones como el ICE, INS, Banco Nacional, BCR y privatizar la CCSS. Hay intereses de quienes no pagan los impuestos y otros, con que se apruebe dicha modificación.
Bajo el actual reglamento legislativo se han promulgado a la fecha 2213 leyes ordinarias y 19 reformas constitucionales.
