“A pesar de que el Estado costarricense ha generado algunas leyes correspondientes al reconocimiento de estos derechos ancestrales, sobre los pueblos originarios de la tierra, seguimos hoy en el mismo punto o peor todavía, que al momento de dictarse la Ley Indígena de 1977, que finalmente estableció limites y territorios reconocidos como propios para garantizar el autogobierno de los pueblos indígenas”, comentó Carmen Muñoz, diputada del PAC.
Muestra de esto es la Ley de Autonomía Indígena, un proyecto que tiene ya 18 años, la mayoría de edad, de estar en la Asamblea Legislativa sin que avance significativamente.
“El proyecto de ley es una especie de reglamento, el no aplicar este convenio internacional es lo que está provocando una situación de crisis en los pueblos indígenas, por ejemplo la tendencia de la tierra”, explicó Gomez.
El artículo 3 de la Ley Indígena dice: “las reserva indígenas son inalienables, no trasferible y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan, los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas de estas reservas. Los indígenas solo podrán negociar sus tierras con otros indígenas, con los no indígenas es completamente nulo.”
Sin embargo, el 90% del territorio de Terraba no está en manos indígenas, y se ejemplifica aún más con el Proyecto Hidroeléctrico que promueve el Instituto Costarricense de Electricidad en la zona, que implica restarle al territorio 800 hectáreas.
“Llevar un proceso jurídico en estos momentos por la tierra en los tribunales agrarios puede llevar hasta 20 años, eso es parte de las limitaciones que hay al no aprobarse la ley, no obstante, hemos demostrado por muchas décadas ser pacientes, por lo tanto, no se nos puede acusar de que estemos violentando procedimientos”, mencionó Gómez.
Los temas que los grupos indígenas demandan sean atendidos por el gobierno son: el desarrollo de políticas públicas en los 24 territorios indígenas, la Ley de Autonomía y un plan nacional de desarrollo para las zonas.
“Esto no ha ocurrido, hoy hay más tierras indígenas en manos de los suliás como nos llaman, lo que insta a una reflexión pero más que eso a una demanda al gobierno de la República para que establezca el dialogo y el abordaje integral de estos problemas”, detalló Muñoz.
La legisladora considera que se debe incursionar en una Comisión de Alto Nivel, que permita atender los procesos de devolución de las propiedades en los territorios indígenas, la aprobación del expediente legislativo Nº 14352, Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas y la formulación de un Plan Nacional de Desarrollo que responda a sus demandas y necesidades.
“Los indígenas son dueños de su hábitat, que implica mucho más que las tierras inscritas en el registro de la propiedad, es la familia, es la tradición, el Estado no debe imponer una forma de organización en las comunidades”, comentó Danilo Chaverri uno de los asistentes a la discusión.
El tema de la educación es otro de los puntos con los que están en desacuerdo los representantes indígenas, ellos consideran que lo que se está impartiendo es un sistema anárquico que sigue reconociendo vicios coloniales, que no reconoce la interculturalidad de los pueblos indígenas.
“Seguimos irrespetando los derechos de los indígenas. Estamos lejos de saldar la deuda histórica que mantenemos desde hace cinco siglos, que hunde a los pueblos originarios en la miseria. No podemos olvidar la obligación histórica que tenemos, máxime ahora, que los conflictos por la posesión de tierras en los territorios indígenas se tornan cada vez más violentos, lo que está sucediendo en la zona de Salitre es un preámbulo de lo que podría ser una escalada de violencia y un enfrentamiento entre los no indígenas e indígenas”, recalcó Muñoz.
Y esto es algo que se ha venido evidenciando con el conflicto entre indígenas y ocupantes, que ha llegado a agudizarse en distintos momentos sin que las autoridades intervengan.
