Allan Madriz | EP. La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) expresó su oposición al expediente 20.961, “Ley contra la Adulteración, Falsificación, Imitación y Contrabando de Bebidas con Contenido Alcohólico“, mediante en el que se procura etiquetar y monitorear los licores en el mercado.
El sector empresarial alega que la nueva propuesta no fue consultada al sector privado y agravaría la crisis fiscal del país; por ello solicitan que este tema sea analizado en la Comisión Mixta de Lucha al Comercio Ilícito, donde se encuentran representados los diversos actores con las responsabilidades de diseñar, coordinar e implementar medidas de carácter integral para combatir esta problemática.
“Hemos advertido que la colocación de estos dispositivos a todos los productos, incluidas bebidas que actualmente no son objeto de contrabando, generaría un costo por la colocación. Si lo asume el Gobierno se convierte en un gasto adicional que no trae beneficios reales y si lo asume la industria sería una carga más que desestimularía la inversión”, indicó José Álvaro Jenkins, presidente de Uccaep.
Para el sector empresarial, con esta propuesta el consumidor podría quedar vulnerable ante cualquier tipo de emulación del sistema, ya que aseguran que el proyecto no presenta un valor agregado para combatir el problema de la detección de productos adulterados o falsificados.
“El país pasa por una crisis fiscal severa y este proyecto no traerá resultados positivos para Costa Rica”, agregó Jenkins.
Uccaep sostiene que la iniciativa carece de estudios técnicos y presupuestarios que respalden la inversión, así como la vulnerabilidad que tienen los dispositivos electrónicos, basados en la experiencia de otros países donde se ha implementado este mecanismo y donde consideran se ha incrementado el consumo de alcohol ilícito.
Mientras el sector empresarial se opone a la propuesta, la Red Nacional Antitabaco (RENATA) solicitó a los diputados y las diputadas no ceder a las presiones de los empresarios contra el proyecto trazabilidad de licores.
Para RENATA, el establecimiento de este sistema permitiría dar seguimiento al producto desde que sale de la fábrica o del almacén fiscal hasta su destino final, el consumidor.
Además, señalan que tendrá un impacto positivo en los niveles de salud pública que evitaría que sigan falleciendo personas por consumo de licor adulterado, entre otros beneficios.
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