San José.- Eliécer Feingzaig, líder y referente del Partido Liberal Progresista, pretende abrir el mercado a la exportación, importación y tráfico de flora y fauna silvestre.
Sus otros cinco diputados liberales apoyan la iniciativa, que se presentó a la corriente legislativa bajo el expediente 23.276 y aún no tiene una comisión asignada aunque ya genera discusiones y polémicas por sus implicaciones.
En sencillo, la propuesta modifica el artículo 79 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, que textualmente señala:
“Artículo 79. Se prohíbe la exportación, importación o tráfico de la fauna y la flora, sus productos, partes o derivados, incluidos en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) con países que apliquen medidas iguales o equivalentes a las establecidas por la Convención”.
Feinzaig y sus diputados quieren cambiar este articulado, y darle vuelta completamente para que diga:
“Artículo 79.- Se permite la exportación, importación o tráfico de la fauna y la flora, sus productos, partes o derivados, incluidos en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) con países que apliquen medidas iguales o equivalentes a las establecidas por la Convención.”
¿Crías de danta a la vista?
Esto les permitiría hacer de la vida silvestre un negocio, y lo señala sin tapujos ni sonrojos en la siguiente línea con que justifica el plan de ley:
“Un mismo sitio de manejo de vida silvestre podría tener dentro de sus instalaciones la infraestructura necesaria para llevar a cabo tanto las actividades de zoológico, zoocriadero o centro de rescate, para citar algunas, y no lo puede hacer”.
Estos zoocriaderos plantean todo un giro de negocio a partir de uno de los referentes más estratégicos del país: su vida silvestre.
En su exposición de motivos, los libertarios justifican su proyecto porque creen “necesario flexibilizar y aclarar la legislación con el fin de evitar conflictos por erróneas interpretaciones reglamentarias”.
A la vez afirman que esto dará “mayor seguridad jurídica” a los refugios de vida silvestre “en su actividad y la sostenibilidad necesaria. Todo ello, con el fin de que generen empleo, sean centros de atracción turística, y ayuden al encadenamiento de una serie de actividades”.
*Colaboró el periodista Jeffrey Bolívar
