El caso más concreto en ese sentido ha sido el del estadounidense Stephen Schmidt quien al Estado de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por violación de la libertad de expresión, en virtud de haber sido acusado ante el Ministerio Público costarricense por el Colper, a causa de un presunto delito de ejercicio Ilegal de la profesión, por el trabajo que realizaba en el “Tico Times” sin ser periodista. La Comisión sentenció a su favor y fue aceptada por las autoridades costarricenses.
El Colegio de Periodistas no tiene la faculta de controlar o fiscalizar medios de comunicación en este momento.
“El Colegio actúa, generalmente, a instancia de parte y en estricto apego al debido proceso, son muy pocas las denuncias que han sido enviadas al Tribunal de Honor y no se han dado sanciones, por cuanto las mismas no han contado con el sustento probatorio necesario, que corresponde a las partes y no al Tribunal”, explicó el Fiscal del Colegio de Periodistas, Carlos Hidalgo.
A pesar de que el artículo 24 vigente en la Ley Orgánica del Colper dice que “los cargos de director, subdirector, jefe de redacción o cualquiera otros netamente periodísticos, deberán ser ocupados únicamente por periodistas colegiados. Los cargos de director, jefe o encargado de las oficinas de relaciones públicas y divulgación o prensa de las instituciones públicas, también deberán ser desempeñados por periodistas colegiados”, dicho artículo no ha sido aplicado hasta el momento ni para el gobierno ni para los medios de comunicación.
Muestra de ello, es el Ministro de Comunicación de la Presidencia, Francisco Chacón, quien no es periodista, sino graduado de derecho en la Universidad de Costa Rica.
Sin embargo, el COLPER ha hecho denuncias sin mayor trascendencia. A pesar de que Colper no posee la facultad de sancionar de forma alguna, en meses pasados el fiscal Hidalgo envió una carta al director de Culturacr.net, Geovanny Jiménez, donde lo acusaban de un ejercicio ilegal de la profesión, situación que provocó mucha molestia entre periodistas de otros medios y lectores.
Al consultársele al respecto de si tienen la facultad de sancionar a alguien por el ejercicio ilegal de la profesión, Hidalgo manifestó que “a la fecha el Colegio, respetuoso de la resolución de la Sala Constitucional, la jurisprudencia del Sistema Interamericano no ha acusado a ninguna persona de ejercicio ilegal y ha optado por diferenciar frente a los ciudadanos entre quien es un profesional en periodismo al amparo de un título profesional universitario y quien no, corresponde al ciudadano escoger con quien se informa y es su derecho el conocer los atestados de quien de quien le informa; desde la perspectiva del Colegio estamos convencidos de la conveniencia de la formación profesional y por ello la defendemos”.
Jiménez comentó que él asumió este acto del fiscal Hidalgo como “algo de mala fe y como un acto de revanchismo de alguna persona ligada a alguna gestión corrupta o malsana que denunciara ese medio”.
El fiscal no quiso decir quién había interpuesto la denuncia por “confidencialidad”, pero según Jiménez “con este ocultamiento se deja ver claro el compadrazgo que se dio en este caso y el hecho de que hay comunicadores que tiran la piedra y esconden la mano, en un comportamiento poco ético, y que demuestra solamente la necesidad de un teatro y de justificar la función del fiscal Hidalgo”.
“Si saben que no sirve de nada una denuncia así, para qué hacerla, ¿para desprestigiar al medio que denuncia corrupción? ¿Es consciente el fiscal Hidalgo que esto podría deberse a una maniobra para acallar a quienes denuncian actos indebidos en la administración pública, una especie de mordaza, principalmente en el Ministerio de Cultura durante este gobierno? –adujo el director de Culturacr.net. Según Jiménez esto cuestiona que Hidalgo esté haciendo bien su labor y “que la fiscalización debería realizarse en otros frentes, no en denuncias inútiles de amigos o periodistas que se alían a quienes ejercen la corrupción”.
Por su parte, el periodista de Repretel, Alberto Cuadra, expresó: “La colegiatura obligatoria debería ser una obligación, puesto que es lo que brinda autenticidad al gremio, deberes y garantías”.
Será hasta que el COLPER se decida a presentar una ley ante la Asamblea Legislativa respaldada con su respectivo estudio y discusión con diversos actores de la sociedad, que podrá restablecer por ley la colegiatura obligatoria de los periodistas.
Mientras tanto, el Colper seguirá siendo una forma para que los periodistas agremiados puedan capacitarse, tener una finca para los fines de semana, poseer descuento en ciertos negocios y protegerse jurídicamente de una demanda.
