George Rodríguez EP. El gobierno de Estados Unidos anunció la decisión de sancionar a cuatro oficiales de la venezolana Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), acusados de haber cometido violaciones a los derechos humanos.
La decisión fue tomada el viernes, luego de la captura, el sometimiento a tortura, y el fallecimiento en detención de un oficial naval venezolano disidente, precisó, en un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, e indicó que su Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), designó, parea sanciones, a los cuatro militares, según lo establecido en la Orden Ejecutiva (Executive Order, EO) –decreto presidencial- 13850.
“La DGCIM, incluidos estos oficiales, ha sido acusada de sistemáticos abusos a los derechos humanos y de reprimir el disenso, y fue sancionada el 11 de julio de 2019”, indicó el departamento, en un comunicado, y agregó que “esta acción sigue al arresto, el abuso físico, y la muerte del capitán de la Marina venezolana Rafael Acosta Arévalo”.
Los sancionados son el subdirector de la Dgcim, general Rafael Ramón Blanco, el director de Investigaciones de la entidad, el supervisor de la sede local dirección en la localidad de Boleíta, coronel Hannover Esteban Guerrero, el jefe de la Unidad de Asuntos Especiales de la Dgcim, mayor Alexander Enrique Granko, y el ex comandante de la Dgcim en Boleíta y ex director de Investigaciones de la entidad, coronel Rafael Antonio Franco.
La Boleíta se ubica en el norteño estadio costero caribeño de Miranda, donde Guerrero se desempeña bajo la supervisión del director de la Dgcim, general Iban Rafael Hernández, a quien la OFAC designó, para sanciones, el 15 de febrero de 2019.
“Como resultado de la acción de hoy, cualquier propiedad e interés en propiedad de estos individuos, y de cualquier entidad propiedad directa o indirecta, en 50 por ciento o más de las entidades designadas, que esté en Estados Unidos, o en posesión o control de personas estadounidenses, es bloqueada y debe ser puesta en conocimiento de OFAC”, precisó.
En ese sentido, los ciudadanos estadounidenses tienen, además, prohibido realizar transacciones con esas propiedades, planteó, además.
“Las regulaciones de la OFAC por lo general prohíben toda transacción, por parte de personas estadounidenses dentro de –o en tránsito por- Estados Unidos que involucre cualquier propiedad o interés en propiedad de las personas bloqueadas o designadas”, puntualizó.
Citado en el texto, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, advirtió que el gobierno estadounidense mantendrá esta línea de acción respecto al régimen del cuestionado presidente venezolano, Nicolás Maduro.
“Estados Unidos continuará responsabilizando a individuos quienes están involucrados en el uso, por parte del ex régimen de Maduro, de intimidación y represión para marcar o silenciar a opositores políticos, civiles inocentes, y militares”, indicó, para advertir que “Estados Unidos usará a todas sus autoridades para marcar a quienes han ayudado al ilegítimo régimen de Maduro a reprimir el disenso, la libre expresión, y la voluntad del pueblo venezolano”.
Venezuela es, hace cuatro años, escenario de una creciente crisis humanitaria, política, y de seguridad que ha generado el éxodo que, de acuerdo con diversos cálculos, han emprendido alrededor de 3.7 millones de personas quienes, vía terrestre, quienes se han desplazado a países sudamericanos tales como Brasil y Colombia, lo mismo que a Ecuador y Perú, y, en menor medida, otros países del área.
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