George Rodríguez EP. La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción para Nicaragua de 2018 (Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018) –más conocida como Nica Act-, firmada esta semana por el presidente estadounidense, Donald Trump, constituye nuevo mensaje fuerte al régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, para que restablezca la democracia, indicó la noche de este viernes el Departamento de Estado de Estados Unidos.
“La Nica Act envía otro fuerte mensaje de que Estados Unidos seguirá presionando al régimen de Ortega para el restablecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales”, planteó, en una declaración formulada, un día después de la firma presidencial, el portavoz alterno Robert Palladino.
El pueblo de ese país centroamericano cuenta con el respaldo de Estados Unidos, aseguró, respecto a la legislación opuesta en vigencia mediante la firma presidencial.
“Estamos con el pueblo de Nicaragua, que exige elecciones adelantadas, libres, limpias y transparentes”, indicó el vocero de la dependencia gubernamental estadounidense.
El Departamento de Estado reseñó, además, sanciones que el gobierno de Estados Unidos está imponiendo a altos funcionarios gubernamentales nicaragüenses –entre las más recientes, la aplicada por el Departamento del Tesoro a la vicepresidenta, Rosario Murillo, esposa del presidente, Daniel Ortega-.
Las medidas obedecen a actos de corrupción y a violaciones a los derechos humanos en el marco de la violenta crisis sociopolítica que hace ocho meses golpea a Nicaragua, según han explicado las entidades ejecutoras de las sanciones.
“Estados Unidos está emprendiendo estas acciones en Nicaragua porque el régimen de Ortega sigue sofocando el disenso, hostigando y reprimiendo a medios independientes, y deteniendo, torturando e intimidando a civiles simplemente por ejercer sus derechos humanos y sus libertades fundamentales”, precisó.
La ofensiva de la semana pasada contra organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación independientes, y la expulsión, esta semana, de dos grupos de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son prueba de la conducta gubernamental, señaló.
“La reciente cancelación de personería jurídica de nueve organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, y la expulsión de expertos quienes investigaban la situación de los derechos humanos en Nicaragua bajo los auspicios de la independiente Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos son apenas los más recientes ejemplos del cruel menosprecio del régimen de Ortega de las libertades fundamentales, los procesos y las instituciones democráticos, y los derechos humanos”, agregó.
La puesta en vigencia de la Nica Act se enmarca en la violenta crisis sociopolítica que estalló el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar, en perjuicio de sus afiliados, el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la creciente protesta generada por ese texto pasó a centrarse en la masiva exigencia popular de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante se ha negado a acatar-.
La represión policial y parapolicial con la que el gobierno viene enfrentando las manifestaciones y otras expresiones opositoras ha cobrado aproximadamente 545 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha pasado de ser masiva -contra actividades públicas antigubernamentales-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual-.
