Los senadores estadounidenses Ted Cruz (republicano) y Tim Kaine (demócrata) proponen extender las sanciones de Estados Unidos al negocio del oro en Nicaragua, uno de los principales motores de la economía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La iniciativa, que ya fue introducida al Congreso, también permitiría sancionar a otros sectores económicos y al Ejército de Nicaragua, y mantener estas medidas hasta 2035.
El oro es el producto exportador más importante de Nicaragua, pese a sanciones previas establecidas por Estados Unidos. En 2025, el oro generó $1971 millones, y otros $899 millones en solo el primer trimestre de 2026. Las nuevas sanciones buscan un impacto potencialmente devastador en el rubro.
Además del sector metalúrgico, la iniciativa amplía las causales de sanción hacia actores que financien o colaboren con los gobiernos de Rusia e Irán. También a funcionarios del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), que es el brazo financiero del Ejército y su cúpula militar que ha jurado lealtad a Ortega y Murillo y ha sido señalado como cómplice de la represión contra los nicaragüenses. El proyecto de ley también propone penas financieras por causa de la represión contra líderes de la Iglesia católica y la detención de disidentes políticos.
Sanciones no caducarán antes de 2035, si no hay democracia
La propuesta S. 5369, titulada “Ley para la Restauración de la Equidad Electoral y los Derechos de la Oposición mediante Mandatos de Rendición de Cuentas de 2026”, reactivará la NICA Act de 2018.
Según la propuesta bipartidista, la ley solamente caducaría antes de 2035 si el presidente de Estados Unidos certifica avances concretos en la restitución democrática: elecciones supervisadas por observadores internacionales, el cese de la violencia policial y paramilitar, e investigaciones independientes sobre las violaciones a los derechos humanos.
Detalla que deberá existir “un compromiso del Gobierno de Nicaragua para celebrar elecciones competitivas, libres y justas que cumplan con los estándares democráticos y permitan una observación internacional creíble de las elecciones”. También “el cese de la violencia perpetrada contra civiles por la Policía Nacional de Nicaragua y por grupos armados apoyados por el Gobierno de Nicaragua”, e “investigaciones independientes sobre los asesinatos de manifestantes” durante las protestas ciudadanas de 2018.
Un líder opositor, excarcelado por el régimen en febrero de 2023, dijo al medio Confidencial que “políticamente es muy relevante la disposición del Senado de dar seguimiento al proceso de transición democrática”.
A su criterio, esto demuestra que Washington ve como una prioridad la necesidad de cambio en Nicaragua y que “han valorado positivamente la propuesta de un plan muy completo y calendarizado para una transición ordenada, que una buena parte de la oposición ha compartido con el liderazgo norteamericano”.
“Abandono de las elecciones”
El proyecto de los senadores cita entre sus argumentos la declaración formal de Daniel Ortega en julio de 2026 sobre el cese definitivo de elecciones en el país, señalando que evidencia “el abandono de las elecciones y consolida aún más la gobernanza autoritaria” en el país.
Además, menciona el estado de corrupción sistemática, en el que se han socavado las instituciones democráticas, erosionado el Estado de derecho y cometido abusos generalizados de derechos humanos. Eso incluye violencia estatal contra los ciudadanos, “contribuyendo a la inestabilidad regional, migración forzada, represión transnacional y preocupaciones de seguridad nacional” de Estados Unidos.
El proyecto de ley añade que las votaciones presidenciales de 2021 “consolidaron” al régimen de Ortega y Murillo, que ordenaron encarcelar a siete precandidatos presidenciales y más de 30 líderes opositores. “Fueron precedidas por la detención, descalificación y exilio forzado de candidatos de la oposición; la anulación de partidos políticos; la represión contra la sociedad civil, y restricciones a la prensa”, detalla.
Igualmente, menciona la cancelación de miles de organizaciones sin ánimo de lucro y religiosas, “como parte de su campaña más amplia para suprimir la sociedad civil y las instituciones religiosas”. De forma explícita, recuerda que en diciembre de 2023, el régimen arrestó a 11 pastores y trabajadores ministeriales nicaragüenses afiliados a la organización Mountain Gateway y emitió órdenes de arresto contra tres ciudadanos estadounidenses afiliados a la organización con cargos motivados políticamente.
