George Rodriguez EP. El gobierno de Nicaragua sigue alejando a la comunidad internacional, lo que no ayuda a su causa, aseguró este viernes el embajador de Estados Unidos en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, en alusión a la decisión de esa administración de abruptamente dar por terminada la labor de un grupo de trabajo de Naciones Unidas.
Por su parte, organizaciones nicaragüenses de defensa de los derechos humanos condenaron la decisión, referida a la misión enviada a Nicaragua por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
“El Gobierno de Nicaragua sigue aislando a la comunidad internacional. Esto no ayudará a su causa. Esperando las sesiones de ONU y OEA la semana próxima”, escribió Trujillo, en la red social Twitter.
El embajador aludió así a las inminentes sesiones, respectivamente, del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Consejo Permanente de la OEA.
Entretanto, en Managua, la capital nacional, diputado oficialista Carlos Emilio López, refutó, criticando el trabajo de la Oacnudh, el planteamiento de Trujillo.
La oficina “jamás ha hecho una investigación de oficio por los crímenes de genocidio y delitos de lesa humanidad cometido por EUA (Estados Unidos de América) o sus Estados aliados, contra pueblos enteros”, escribió López, también en Twitter.
Por su parte, organismos nicaragüenses de derechosa humanos condenaron la decisión de la administración del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
Es “estúpida e impensada la decisión del Gobierno de Nicaragua”, que fue quien invitó a la Oacnudh, de modo que se trata de “una decisión verdaderamente inaudita”, que “refleja el estado de animo de una persona que se siente perdida y que ya no puede ocultar sus responsabilidades y seguir engañando la opinión pública internacional, especialmente a los organismos de derechos humanos”, aseguró, a periodistas, la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
La activista aclaró que, mientras el gobierno lo expulsa, el pueblo nicaragüense apoya la labor del grupo de trabajo de la Oacnudh.
“Es el Gobierno de Daniel Ortega quien los está expulsando, no el pueblo de Nicaragua, porque los nicaragüenses ven el esfuerzo que han realizado estos días que permanecieron en nuestro país, el esfuerzo que dejó plasmado, en el informe, la barbarie que está sufriendo Nicaragua y el cual es responsable el presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo”, precisó.
En declaraciones que formuló desde un país no determinado, el exiliado secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), Álvaro Leiva, condenó la medida.
“Hoy, el Estado nicaragüense se está aislando cada día más y, sobre todo, lo más lamentable es que el Estado no ha podido reflejar su intención de dar a entender al mundo de ser víctima de un golpe de estado, cuando lo que ha habido es una masacre estatal como la ha señalado este informe”, explicó Leiva, al canal nicaragüense de información 100% Noticias.
En declaraciones que formuló en la capital nicaragüense, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, un fuerte crítico del gobierno, calificó de internacionalmente irresponsable la medida.
“La decisión del Gobierno de Nicaragua de expulsar a la misión de la ONU, es un acto irresponsable frente a la comunidad internacional y demuestra la falta de voluntad política de este gobierno para respetar los DDHH, dialogar y buscar caminos para la democratización del país”, tuiteó Báez.
Asimismo, en un comunicado que emitió poco después de conocida la decisión, la Oacnudh advirtió que continuará monitoreando, desde el exterior, la situación nicaragüense en materia de derechos humanos.
La agencia especializada, que informó que su equipo de trabajo partirá del país el 1 de septiembre, aseguró que “proseguirá con su labor de monitorear e informar sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua de forma remota, de conformidad con el mandato global conferido por la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Oficina del Alto Comisionado”.
También señaló que las que incluyó en su reciente informe pueden ser útiles, si las aplica correctamente, en materia de fortalecimiento institucional.
“Las recomendaciones contenidas en el informe de la Oacnudh publicado el 29 de agosto representan una herramienta valiosa que se espera pueda ser aprovechada plenamente no solo para la superación de la crisis actual sino también para fortalecer las instituciones y el Estado de Derecho en el mediano plazo”, ya que “buscan contribuir a la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas”, precisó.
La decisión gubernamental fue comunicada por el canciller nicaragüense, Denis Moncada, a la representante regional para América Central de la Oacnudh, Marlene Alejos, en una breve nota difundida este viernes.
El gobierno terminó la invitación gubernamental, formulada 19 de junio, a la Oacnudh, a enviar un grupo de trabajo, y también declaró concluida la visita del equipo, de acuerdo con el texto fechado el 30 de agosto.
“Considerando que han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación, este Ministerio comunica que da por concluida la invitación y finalizada la visita a partir de hoy 30 de agosto de 2018”, según lo indicado en la nota de tres párrafos.
El canciller aludió así al hecho de que la invitación a la Oacnudh tenía el propósito de que la agencia especializada acompañase el desmantelamiento gubernamental de los “tranques” (bloqueos carreteros) instalados, a nivel nacional, como parte de la masiva protesta popular antigubernamental en el marco de la violenta crisis sociopolítica que hace algo más de cuatro meses convulsiona a Nicaragua.
En junio, el gobierno “giró al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el propósito de que diera acompañamiento a la Comisión de Verificación y Seguridad creada en el marco del Diálogo Nacional, con el fin de asegurar el desmantelamiento de los tranques”, explicó.
La comisión fue establecida el 15 de junio, durante una de las escasas sesiones plenarias del Diálogo Nacional convocado por el gobierno, con la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) como mediadora y testigo, para procurar solución negociada a la dramática crisis nacional.
Instalado el 16 de mayo, el diálogo sufrió una serie de suspensiones, a causa de las posiciones intransigentes de los dos actores centrales –el gobierno, representado por la delegación encabezada por Moncada, y la oposición, representada por la multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia-.
Las conversaciones permanecen suspendidas desde el final de junio.
La nota fue fechada un día después de que, en conferencia de prensa realizada en Managua, la capital nacional, el coordinador de Oficina Regional para América Central de la Oacnudh, Guillermo Fernández, presentó el informe titulado “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”, documento que cubre el período desde el 18 de abril –fecha de inicio de la presente crisis- hasta el 18 de agosto.
Entre las recomendaciones que incluyó en el informe de 47 páginas, la Oacnudh planteó, al gobierno nicaragüense, cesar toda represalia antiopositora.
Aseguró que es necesario “poner fin inmediato al acoso, intimidación, estigmatización, criminalización -incluido a través del uso de legislación anti-terrorista-, y cualquier otro tipo de represalias en relación con la participación en las protestas, incluidas contra los manifestantes, personas defensoras de los derechos humanos, opositores políticos, periodistas y otros”.
Igualmente, el desmantelamiento y el desarme inmediatos de los grupos parapoliciales, y la protección de la población contra toda variante de violencia.
Asimismo, “detener todos los arrestos ilegales, y liberar a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente; asegurar que el derecho al debido proceso de todas las personas acusadas sea respetado y que cualquier acusación criminal contra ellas sea acorde con los principios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad individual”.
Horas después de conocido el informe de la Oacnudh, el gobierno nicaragüense hizo pública una declaración de 33 páginas en la que refutó el contenido del documento, entre otras razones, por considerar que se trata de un texto cuya redacción fue evidentemente influenciada por sectores de oposición, por lo que carece de objetividad.
En un acto público llevado a cabo en Managua, también el miércoles, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, rechazó, en fuertes términos el informe, y acusó a la Oacnudh de no ajustarse a la verdad.
“Estos organismos, de Naciones Unidas en este caso, este organismo que tiene que ver los derechos humanos no son más que unos instrumentos de la política de la muerte, el terror, la mentira, son infames”, aseguró, en la multitudinaria actividad conmemorativa del 51 aniversario de la batalla de Pancasán, un hito histórico en la exitosa lucha guerrillera contra la dictadura (1967-1979) del general Anastasio Somoza Debayle.
Estallada el 18 de abril, a raíz de un fracasado decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la presente crisis ha implicado una escalada de violencia policial y para policial contra extensos sectores de la sociedad civil que ahora exigen la renuncia del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a sus respectivos cargos.
En algo más de cuatro meses, la convulsión sociopolítica ha cobrado cerca de 500 vidas, y generado más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos, además de daños infraestructurales y económicos.
