George Rodríguez EP. Tres de los 10 diputados de la Asamblea Nacional (AN) venezolana cuya inmunidad fue levantada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), procuraron protección en embajadas, de acuerdo con versiones periodísticas conocidas este jueves.
Se trata de los diputados opositores Américo de Grazia –quien ingresó este jueves a la embajada de Italia-, Mariela Magallanes –quien hizo lo mismo un día antes-, y Richard Blanco –quien acudió, también el miércoles, a la representación diplomática de Argentina-, de acuerdo con las mismas fuentes.
Al explicar su decisión, en la red social Twitter, De Grazia indicó que “no le daré el gusto a la narcodictadura que me exhiba como trofeo y me use como rehén, a cambio de condonarles sus crímenes de lesa humanidad, violación de los derechos humanos, corrupción, narcotráfico y terrorismo. Sigo en la lucha”.
El legislador aludió así al régimen del cuestionado presidente venezolano, Nicolás Maduro.
“Con esta acción no pretendo ser héroe, ni mártir. Sólo quiero ser útil a mí país. A mi familia y sobremanera a mi madre y mis hijos, darles algo de paz. Sé de todas las limitaciones que se me imponen, con esta decisión que me vi forzado a tomar. Reitero mi compromiso con Venezuela”, tuiteó, además, y expresó agradecimiento, al gobierno italiano, por haberlo recibido en la embajada.
En el caso de Magallanes, la cancillería italiana precisó, en un comunicado en su sitio en Internet, que la parlamentaria, quien está casada con un ciudadano de Italia, se encuentra cumpliendo la tramitación de la ciudadanía de ese país europeo.
La diputada tiene aseguradas “todas las garantías, protección y hospitalidad posibles durante su estadía” en la residencia de la misión diplomática, indicó, asimismo, el ministerio.
Los tres parlamentarios, al igual que sus siete colegas opositores, son acusados de haber cometido, entre otros, los delitos de concierto para delinquir, conspiración, instigación a la insurrección, instigación pública a la desobediencia de las leyes, rebelión civil, traición a la patria, además del impreciso delito de “odio continuado”.
Levantada la inmunidad a los diputados, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó, en sucesivas resoluciones emitidas los días 7 y 8 de mayo, el procesamiento penal de los legisladores.
Ello, luego de que acusó, el 2 de mayo, al primer vicepresidente de la AN –parlamento unicameral-, Edgar Zambrano, de haber cometido los mismos delitos, lo que determinó, el 8 de mayo, la detención del diputado opositor, por parte de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
La captura de Zambrano ocurrió ocho días después de que el vicepresidente legislativo aparición, acompañando al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y al ex preso político Leopoldo López, temprano en la mañana del 30 de abril, en el marco de una rápidamente frustrada insurrección por parte de un centenar de tropas de una de las principales bases militares ubicadas en Caracas.
En el marco del levantamiento, López –un emblemático prisionero político-, quien se hallaba en régimen de casa por cárcel, fue liberado, refugiándose, poco después, en la sede de la Embajada de Chile en Venezuela, y, posteriormente, en la representación diplomática de España.
La fracasada insurrección era parte de lo que Guaidó había descrito como “la etapa final” de la Operación Libertad, el masivo movimiento opositor que el diputado opositor –quien preside la AN- impulsa, a nivel nacional, como elemento de presión para lograr el fin del régimen madurista.
Guaidó es reconocido por medio centenar de país americanos y europeos –encabezados por Estados Unidos-, lo que, simultáneamente condenan a Maduro, acusándolo, entre otras cosas, de estar usurpando la presidencia, ya que, el 10 de enero, inició su segundo período gubernamental consecutivo (2019-2025) como resultado de la elección presidencial de mayo de 2018, la que, coincidentemente con la oposición venezolana, consideran fraudulenta.
Venezuela es, hace cuatro años, escenario de una creciente crisis humanitaria, política, y de seguridad que ha generado el éxodo que, de acuerdo con diversos cálculos, han emprendido alrededor de 3.7 millones de personas quienes, vía terrestre, quienes se han desplazado a países sudamericanos tales como Brasil y Colombia, lo mismo que a Ecuador y Perú, y, en menor medida, otros países del área.
Además de la represión antiopositora por parte del régimen madurista, quienes abandonan el país denuncian, entre otros factores causantes del éxodo, la masiva escasez de alimentos básicos y medicinas, el marcadamente bajo poder adquisitivo de los salarios, así como la generalizada falta de oportunidades.
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