Allan Madriz | EP. Un grupo de 14 diputados, en su mayoría del Partido Restauración Nacional (PRN), presentaron este viernes ante la Sala IV consulta facultativa sobre el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.
La consulta, que además cuenta con las firmas de los legisladores José María Villalta del Frente Amplio y Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), pretende aclarar si el Plan Fiscal posee roces de inconstitucionalidad.
“Estamos convencidos de que este proyecto violenta el principio constitucional de justicia tributaria al obligar a los dos deciles más bajos de la sociedad, que ganan unos menos de ₡50.000 y otros menos de ₡100.000, a pagar un impuesto que sobrepasa sus posibilidades”, explicó el diputado del PRN, Eduardo Cruickshank .
Los diputados firmantes consultaron ocho aspectos incluidos en el plan fiscal. Entre ellos está la violación al principio de justicia tributaria al establecer un impuesto del 1% a los artículos de la canasta básica.
De igual manera, el contabilizar dentro del 8% del PIB establecido en el artículo 78 de la Constitución Política para la educación estatal, recursos destinados a la primera infancia y al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Otro punto cuestionado es la propuesta de eliminar que parte de los recursos recaudados por el impuesto sobre la renta se destinen a favor de las Universidades Públicas. Los legisladores consultaron también si hay violación al principio de conexidad por la inclusión de amnistías tributarias.
La Sala Constitucional confirmó por medio de un comunicado de prensa que recibió la consulta facultativa sobre el Plan Fiscal.
“A las trece horas con veintiún minutos del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, la Sala Constitucional recibió una consulta de constitucionalidad facultativa sobre el expediente legislativo número 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, planteada por 14 diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa, y a la que se le asignó el expediente número 18-016546-0007-CO”, señala el comunicado.
La presentación de la consulta de constitucionalidad ante la Sala IV requería de al menos la firma de 10 diputados y los magistrados tienen un plazo de hasta un mes para referirse sobre el tema.
