La fracción de Liberación Nacional (PLN) firmó un compromiso a fin de que cualquier diputado verdiblanco que se declare independiente, deberá renunciar a la curul.
El compromiso, suscrito con la Juventud Liberacionista (JL), establece “compromisos éticos y democráticos no negociables”. Entre ellos, el rechazo de manera categórica a cualquier reforma constitucional que pretenda modificar el régimen de reelección presidencial actual o que intente ampliar las materias de consulta en referéndum para incluir temas presupuestarios, tributarios o de Derechos Humanos.
Desde la administración anterior, el chavismo ha señalado que buscaría modificar la ley de referéndum a fin de consultar sobre temas que hoy, están prohibidos por la Constitución Política.
Asimismo, los legisladores cerraron la puerta a cualquier convocatoria de Asamblea Constituyente o debilitamiento de la institucionalidad.
Ética Parlamentaria
En cuanto a la ética parlamentaria, el documento plantea que los diputados deberán renunciar a la inmunidad cuando así lo solicite la Corte Suprema de Justicia a solicitud del Fiscal General por acusaciones que se hayan presentado ante Ministerio Público por delitos graves, corrupción o crimen organizado, para el caso en específico.
Caso similar con la renuncia voluntaria a la curul en caso de separarse de la fracción legislativa.
Lo mismo respecto a abstenerse de participar en decisiones donde existan intereses personales, familiares o económicos y tilizar los recursos que provee la Asamblea Legislativa con austeridad, eficiencia y con estricto apego a las actividades propias del cargo.
Además, garantizar su presencia y deliberación activa en el Plenario, comisiones y espacios de coordinación legislativa.
Sancionar y Denunciar
Otro de los puntos suscritos por la bancada verdiblanca con la JL es impulsar la creación de un régimen de sanciones para diputados cuando se cometan faltas al deber de probidad, el cual fortalezca la ética parlamentaria y la confianza ciudadana, de conformidad con lo establecido por el artículo 112 de la Constitución Política y denunciar amenazas, intimidación o compra de voluntades:
“Denunciar públicamente, cualquier amenaza, intimidación, coerción, compra de voluntades o prácticas clientelares, dirigidas al diputado, su familia o el personal de apoyo, proveniente de autoridades del Poder Ejecutivo, de otras fracciones políticas o emisarios”, señala el documento.
Prioridades
La JL planteó a los diputados, como parte de las prioridades nacionales, el apoyo total a propuestas que atiendan la crisis de seguridad pública, dejando de lado el cálculo político, el compromiso con el Estado Social de Derecho, la defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el financiamiento del 8% para la educación (FEES).
