La Asamblea Legislativa citó al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, a un careo con los diputados de la comisión especial que analiza el eventual levantamiento de su inmunidad constitucional, en el marco de la acusación por concusión presentada por la fiscalía general en el caso BCIE.
La audiencia está programada para el viernes 22 de agosto, La Casa Presidencial ya fue notificada formalmente mediante una misiva de invitación enviada este miércoles.
El objetivo de esta comparecencia es que el mandatario ejerza su derecho de defensa ante la comisión que estudia si existen méritos suficientes para levantar el fuero de impredecibilidad del que goza como presidente de la República.
Ese mismo día también fue citado el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, quien figura como coimputado en la causa penal.
La comisión especial fue conformada el 30 de julio y está presidida por la diputada Andrea Álvarez (PLN), acompañada por Daniel Vargas (Progreso Social Democrático) y Rocío Alfaro (Frente Amplio).
El primer compareciente será el fiscal general, Carlo Díaz, quien presentará su testimonio este viernes 8 de agosto a las 8:00 p.m. en el Congreso.
El titular del Congreso, Rodrigo Arias, detalló los pasos que seguirá la comisión, que tendrá 20 días hábiles para emitir un informe:
• Tendrán acceso al expediente judicial, resguardado en sobre cerrado.
• Las sesiones serán públicas, al igual que las actas.
• Se recibirán pruebas de ambas partes: fiscalía e imputados.
• Los acusados podrán comparecer, intervenir directamente y contar con defensa técnica.
• La comisión redactará un informe final, que será leído en el Plenario. Los acusados podrán ejercer una última defensa oral de hasta 30 minutos cada uno.
• Luego del retiro de los acusados, se dará un espacio de deliberación legislativa, con intervenciones de hasta 15 minutos por diputado.
La votación se realizará el mismo día de la deliberación. Para levantar el fuero presidencial, se requiere una mayoría calificada de 38 votos.
En caso de ser aprobado, el presidente Chaves y el ministro Rodríguez serán puestos a disposición de la Corte Suprema de Justicia, que continuará con el proceso penal conforme al ordenamiento jurídico nacional.
Este proceso marca un hecho político-jurídico inédito en la historia reciente de Costa Rica, al enfrentar un presidente en ejercicio una solicitud formal de levantamiento de inmunidad penal, por presuntos actos cometidos en el ejercicio del poder.
La opinión pública y el sistema político costarricense estarán atentos a cada paso del proceso, que podría sentar precedentes institucionales relevantes sobre el alcance del fuero presidencial y la rendición de cuentas en los más altos niveles del Estado.
