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La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó de forma afirmativa un proyecto de ley que busca penalizar con prisión a funcionarios y exfuncionarios públicos de cuerpos policiales que brinden entrenamiento o asesoría a grupos criminales, como sicarios y organizaciones del crimen organizado.
La iniciativa propone añadir el artículo 281 quáter al Código Penal, incorporando sanciones de entre 2 y 6 años de cárcel para quienes, aprovechándose de los conocimientos adquiridos en sus labores policiales, capaciten o entrenen a personas vinculadas con actividades delictivas.
El texto sustitutivo aprobado también incluye en la penalización a exfuncionarios, es decir, personas que ya no pertenecen a instituciones policiales pero que continúan utilizando su formación estatal con fines ilícitos.
El proyecto fue impulsado a solicitud del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que, en 2024, se difundieran videos en los que se observaba a dos exagentes judiciales entrenando a presuntos sicarios en técnicas militares y manejo de armas.
Aunque los sujetos fueron identificados, la Fiscalía se vio imposibilitada de actuar penalmente, ya que no existía un tipo penal aplicable a este tipo de conducta.
Ante la ausencia de una figura legal que permita sancionar la transferencia de conocimiento táctico a bandas criminales, las autoridades judiciales archivaron el caso, lo que evidenció una laguna normativa en el sistema legal costarricense.
La propuesta pasará ahora al Plenario Legislativo para su discusión y eventual votación en primer debate.
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