Eliannys Padra | EP. La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) somete a consideración de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reformar la Ley de Gestión de Residuos Sólidos y la Ley Orgánica del Ambiente, esto con el objetivo de que las municipalidades mejoren su capacidad en el manejo y tratamiento integral de los residuos.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo de diputados de varias fracciones, propone que el dinero que se recaude por concepto de multas por tirar basura en lugares indebidos, sea girado a la municipalidad del cantón donde se originó la infracción, y que el dinero sea utilizado en mejorar la calidad del servicio.
El proyecto también establece infracciones y sanciones a las personas, instituciones y comercios generadores de residuos ordinarios que no los separen, clasifiquen y entreguen a las Municipalidad para su valorización o disposición final, en las condiciones en que determinen los reglamentos respectivos, así como por omitir cancelar oportunamente el pago de la tasa gestión integral de residuos.
“Actualmente las municipalidades invierten un porcentaje muy importante de su presupuesto en el servicio de recolección de residuos, aproximadamente un 50%, sin embargo, muchas no tienen capacidad financiera para trascender. Al modificar la Ley se va a facilitar a los Gobiernos Locales las herramientas y mecanismos sanitarios que les permitan dar un servicio más integral, resguardar la salud pública de los habitantes de su cantón y tener un mayor control sobre los residuos” dijo Karen Porras, Directora Ejecutiva de la UNGL.
La Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana suscribe la propuesta, a través de las diputaciones de Paola Vega y Luis Ramón Carranza Cascante.
En este sentido, Vega dijo que la gestión integral de residuos sólidos debe ser prioridad para Costa Rica, en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, por su parte, Carranza señaló que las municipalidades tienen una responsabilidad importantísima en materia de residuos sólidos, sin las herramientas ni recursos necesarios para llevarla a cabo.
La Ley para la Gestión Integral de los Residuos establece que las municipalidades son las responsables de este proceso en su cantón, sin embargo, no contempla mecanismos para que las municipalidades pudieran fiscalizar el cumplimiento de la GIRS (gestión integral de residuos), ni herramientas administrativas-financieras para sancionar directamente a la persona o empresa que incurra en faltas.
El estatuto tampoco considera la inclusión de obligación de los generadores de residuos de pagar por los servicios que brinda la municipalidad. Estas son las debilidades de la Ley que se pretenden subsanar.
