Allan Madriz | EP. El legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marco Vinicio Redondo, lamentó el intento del candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti, de eliminar normas que prohíben a miembros de los supremos poderes, y sus familiares directos, a participar de contrataciones administrativas con el Gobierno.
El medio “Noticias Monumental” dio a conocer que el liberacionista presentó un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad contra los artículos de la Ley de Contratación Administrativa relativos a esas prohibiciones.
En caso de eliminarse la prohibición señalada en el artículo 22 de dicha Ley, Álvarez Desanti y su esposa podrían seguir recibiendo recursos de parte del Estado, por el alquiler de edificios.
Redondo señaló que el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN) y su esposa, han recibido millones de colones en alquileres de edificios para el Estado.
“Gobiernos del PLN han despilfarrado el dinero de los costarricense en alquileres onerosos, que han beneficiado a una oligarquía política sin escrúpulos ni vergüenza. Las acciones de Desanti son otra muestra de ese descaro que ha enlodado la política nacional y que no podemos permitir más”, señaló Redondo.
El legislador oficialista exige al candidato presidencial del PLN que detenga su interés en debilitar la normativa que permite prevenir, detectar y sancionar la corrupción en las compras públicas.
“Es inmoral y absolutamente inaceptable que Antonio pretenda hacer de las leyes de este país, un traje a la medida para que su familia siga lucrando con alquileres desmedidos que le han costado millones de colones a las y los costarricenses”, sentenció el legislador del PAC.
“Noticias Monumental” dio a conocer que desde el 2014 el candidato presidencial liberacionista solicitó a la Contraloría eliminar esa prohibición, pero la petición le fue denegada.
Pero Álvarez Desanti, no desistió en su intento de traerse abajo la normativa y acudió a los Tribunales para presentar un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad, que actualmente se encuentran en estudio.
Una investigación del sitio web “AmeliaRueda.com”, bajo el título #AlquileresEjecutivos y realizada en 2015, dio a conocer que Nuria Marín, esposa del candidato presidencial liberacionista, aparecía como secretaria de las juntas directivas de dos compañías, Galletano S.A. y La Llacuna S.A.
De estas compañías, se alquilan edificios al Estado; dos al Ministerio de Educación Pública (MEP) y uno al Ministerio de Hacienda, sumando más de ¢200 millones mensuales.
