Allan Madriz | EP. Ante la posición de un grupo de nueve magistrados que señalan que el expediente 21.035 afecta el funcionamiento y organización del Poder Judicial, la diputada del Partido Restauración Nacional (PRN), Xiomara Rodríguez, calificó de simplones dichos argumentos.
El proyecto “Ley para fijar topes equitativos a las pensiones de lujo, rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria y crear la figura de la jubilación obligatoria excepcional”, tiene como objetivo establecer un impuesto a las pensiones de lujo.
Tras la consulta obligatoria a la Corte Suprema de Justicia, de los 21 magistrados, 9 consideraron que el proyecto afecta el funcionamiento del Poder Judicial, 3 consideraron que no y 9 se abstuvieron de votar y por eso una minoría hace que se requieran en la Asamblea Legislativa, 38 votos para que esta iniciativa se convierta en ley.
“Analizando las declaraciones dadas por estos nueve señores magistrados, no encuentro por ninguna parte en qué este proyecto afecte el funcionamiento del Poder Judicial. El proyecto le pondrá un impuesto a los exfuncionarios de la Corte, los que ya están pensionados. No quisiéramos creer que los señores magistrados estén pensando más en su pensión, que en otra cosa”, indicó Rodríguez.
La legisladora enfatizó que la propuesta no sobrepasa el cobro del 55% de las pensiones de lujo, por lo que se ajusta a las normas internacionales que debe respetar el país. De igual manera, recordó que el espíritu del proyecto es que, quien tenga una pensión de lujo deberá aportar más mediante un impuesto, que se extenderá según aumente el monto de cada pensión.
“Estos nueve magistrados que se aíslan de la realidad económica, se preocupan porque no se dan sus gusticos, cuando tenemos un 12% de costarricenses que no encuentran trabajo y no tienen que comer. Los señores magistrados no se pueden dar gusticos, cuando tenemos miles de familias sin casa y muchos de ellos viviendo en condiciones precarias”, agregó la diputada del PRN.
Rodríguez explicó que al establecer que los pensionados de lujo de la Corte deberán pagar el impuesto a partir de los seis salarios base del Poder Judicial, se ajusta a las recomendaciones hechas por ellos mismos para salvar este régimen.
