La diputada Diana Murillo cuestionó el II Presupuesto Extraordinario de 2026, expediente N.° 25.803, presentado por el Gobierno de Laura Fernández, que propone una reducción neta de ¢167.968,2 millones y contempla recortes en seguridad, educación, justicia y programas sociales.
“Sin duda alguna están quebrando al país. No lo digo yo, lo dicen los constantes recortes que este Gobierno y el anterior han realizado al presupuesto nacional”, afirmó Murillo, quien advirtió sobre las consecuencias de reducir recursos destinados a servicios públicos.
El proyecto plantea un recorte de ¢12.922,5 millones al Ministerio de Seguridad Pública, que incluye ¢5.690,2 millones asociados al resultado de reducción de homicidios y ¢5.040,2 millones para vehículos y motocicletas, además de disminuciones en comunicaciones, armas, chalecos y equipo policial.
“Estamos hablando de un país que cerró 2025 con 873 homicidios y una tasa de 16,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos del OIJ. En este contexto, debemos preguntarnos qué significa retirar recursos para la prevención del homicidio y para vehículos y motocicletas policiales cuando el propio Gobierno reconoce el deterioro de la flotilla”, manifestó la legisladora.
A los recortes en seguridad se suman ¢13.105,6 millones menos para el Poder Judicial, incluidos ¢5.020,4 millones para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y ¢4.680,6 millones para el Ministerio Público.
En educación, la propuesta reduce ¢8.972,7 millones al Ministerio de Educación Pública (MEP), con disminuciones de ¢3.648 millones en tecnología, ¢1.747,3 millones en infraestructura y ¢363,6 millones en transporte estudiantil.
“Esto tampoco puede verse solamente como números. El propio MEP reconoce que al inicio del curso lectivo 2026 existían 872 centros educativos con órdenes sanitarias vigentes, evidencia del rezago acumulado en infraestructura”.
El presupuesto también contempla recortes de ¢5.286,7 millones en Gobernación y Policía; ¢3.114,7 millones en Desarrollo de la Comunidad; ¢3.061,3 millones en Salud; ¢2.316,2 millones en Cultura y Juventud; ¢996,1 millones en Trabajo, y ¢632,1 millones en Vivienda.
“Vamos a revisar cada partida, cada recorte y cada colón. Queremos respuestas claras: qué se está recortando, qué servicios pueden verse afectados y cuáles son las medidas que plantea la presidenta Laura Fernández para atender esas necesidades”, indicó Murillo.
El expediente 25.803 continúa en trámite legislativo, por lo que los recortes propuestos dependerán de su discusión y aprobación en la Asamblea Legislativa.
