La aparición del empresario y expresidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, en Casa Presidencial para respaldar el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente 23.414) provocó cuestionamientos por parte del Frente Amplio, que lo acusa de promover la iniciativa sin transparentar sus vínculos con el negocio de generación eléctrica privada.
Rojas, conocido popularmente como “El Moradito”, apareció la semana pasada en la conferencia de Laura Fernández defendiendo la necesidad de aprobar la armonización eléctrica y aseguró que Costa Rica requiere modernizar su modelo energético para responder a las necesidades futuras del país.
“(…) Ya pasamos por cambios en la banca, en telecomunicaciones, en seguros. ¿Y qué pasó? Solo cosas buenas para el país y para cada uno de los costarricenses con mejores servicios a mejor costo. Yo quisiera pedirle a los responsables de votar esta ley, que piensen en Costa Rica, que dejemos de lado los temas políticos. Incluso esto no es un tema ideológico. Esto es un tema de oportunidad, de oportunidad para los jóvenes, para los costarricenses, de creer en el país”, señaló Rojas desde Zapote.
En el acto lo acompañaron Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica; Rolando Charpentier, vicepresidente de esa organización; la presidenta de la Asociación de Productores Eléctricos de Costa Rica, María Fernanda Esquivel; y la exdiputada del PUSC, Daniela Rojas, quien impulsó la iniciativa en el Congreso anterior.
El señalamiento
La crítica fue planteada por la diputada Sigrid Segura, quien cuestionó que Rojas solicitara públicamente el avance de la propuesta impulsada por el Gobierno sin mencionar que mantiene relaciones empresariales con sociedades vinculadas a proyectos de generación eléctrica.
Según expuso la legisladora, Rojas figura como copropietario de una sociedad que participa en otra empresa relacionada con proyectos de generación eólica privada, un sector que podría verse beneficiado por cambios en las reglas del mercado eléctrico nacional.
Para la diputada, el problema no radica en que empresarios participen en el debate público, sino en que se presenten como actores neutrales sin revelar intereses económicos que podrían estar vinculados con las transformaciones que promueven.
“Los costarricenses tienen derecho a conocer quiénes están detrás de determinadas propuestas y cuáles intereses podrían existir alrededor Cuando discutimos el proyecto, vale la pena observar que quienes han venido tomando decisiones sobre el futuro de este modelo eléctrico son quienes probablemente resultarían beneficiados por este mismo proyecto”.
El expediente 23.414 se ha convertido en una de las iniciativas más controvertidas de la actual agenda legislativa. Sus defensores argumentan que permitirá modernizar el sistema eléctrico, aumentar la competencia y mejorar la eficiencia del sector”, agregó.
No obstante, sus críticos consideran que la propuesta abre espacios adicionales para la participación privada en un mercado históricamente liderado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), debilitando el modelo solidario que ha caracterizado al sistema eléctrico costarricense durante décadas.
