Allan Madriz | EP. El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Luis Vásquez, denunció que el otorgamiento de un subsidio al precio final del gas licuado de petróleo, asfalto, búnker y emulsión asfáltica está beneficiando a 90 empresas.
Según denunció Vásquez el monto de estos subsidios ronda los ¢2.550 millones mensuales, por lo que el monto anual subvencionado a estas compañías superaría los ¢30 mil millones.
Este subsidio se realizó mediante un decreto en enero anterior, pero el legislador manifiesta que el subsidio de ¢9 en el precio de cada litro de combustible que pagan los consumidores debió tramitarse mediante una ley.
“El primer punto de la denuncia es la del subsidio al asfalto y a la emulsión asfáltica, otorgado a empresas privadas, que se destina por esas empresas al desarrollo de proyectos públicos y privados, sin distingo alguno y si ningún control. La segunda sobre un nuevo y supuesto subsidio creado sobre el precio de venta del bunker y el gas licuado, para favorecer, entre otras a las empresas nacionales productoras de cemento, y vidrieras con motivo de la apertura que se había aprobado al mercado de este producto. En total son 90 empresas beneficiarias de subsidios”, explicó el legislador.
Por este motivo el socialcristiano, junto a un grupo de diputados, solicitó una investigación por parte de la Contraloría General de República para investigar a cuatro instituciones del Estado: Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
“Insto a que se analice la legalidad, alcances y consecuencias jurídicas generadas por los subsidios autorizados vía decreto y no por ley, al precio de venta del gas licuado del petróleo, bunker, asfalto y emulsión asfáltica, al sector industrial y empresarial privados y se determine las eventuales responsabilidades administrativas, civiles y de orden penal, que eventualmente pudieren corresponderles a los funcionarios de la Aresep, Recope y del Poder Ejecutivo en este caso Minaey MEIC, por los actos de aprobación de esos subsidios”, explicó Vásquez.
Según el legislador, la Aresep, Recope, el MEIC y el Minae desaplicaron, en violación de ley, el procedimiento legal de fijación de precios establecido en la ley de Recope, n° 6588, y en la ley 7.593, ley de la autoridad reguladora de los servicios públicos.
