El diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría General de la República (PGR) contra la legisladora oficialista Cindy Murillo Artavia, a quien señala por el presunto delito de legislación o administración en provecho propio tras votar a favor de una ley que, según sostiene, favorecería propiedades vinculadas a ella y a sus padres en las inmediaciones del Lago Arenal.
La acción se produce días después de que se revelara que Murillo promovió y respaldó con su voto el proyecto de ley 22.981, pese a la existencia de aparentes vínculos familiares y patrimoniales con terrenos que podrían beneficiarse con la nueva normativa.
De acuerdo con la denuncia presentada por Araya, Murillo participó activamente en la discusión del proyecto denominado “Creación del Área Silvestre Protegida Paisaje Nacional Espejo de Agua Embalse Arenal y fomento de actividades asociadas al uso sostenible en su zona de amortiguamiento”, además de votar favorablemente la iniciativa tanto en primer debate, el 28 de mayo, como en segundo debate, el 2 de junio.
El legislador frenteamplista sostiene que la diputada es propietaria de un inmueble ubicado en el distrito de Arenal, Tilarán, situado a aproximadamente 41 metros del espejo de agua del embalse. Asimismo, señala que Murillo figura como tesorera de la sociedad Jhasu de Arenal S.A., propietaria de otra finca ubicada a unos 42 metros del lago.
Según el escrito, en esta última propiedad operan el hotel Bluebay Bugenvil Lake Lodge y el restaurante Tinajas Arenal Lakefront Lodge, administrados por los padres de la diputada, Simón Antonio Murillo Marín y Xinia Artavia Conejo.
El legislador argumenta que la aprobación de la ley elimina restricciones existentes sobre la zona de protección del embalse, habilitando nuevas actividades e infraestructura turística que podrían traducirse en un beneficio económico directo para la legisladora y su núcleo familiar.
Así, el frenteamplista solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación para determinar si Murillo incurrió en el delito de legislación o administración en provecho propio, contemplado en el artículo 48 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Esa norma establece penas de entre uno y ocho años de prisión para los funcionarios que participen con su voto favorable en decisiones que generen beneficios directos para sí mismos, sus familiares o empresas vinculadas.
“La ley aprobada favorecería directamente a los propietarios y a las actividades económicas turísticas que se podrían llevar a cabo” en las propiedades señaladas, indica el documento presentado ante la Fiscalía.
La denuncia también fue remitida a la Procuraduría General de la República para que valore eventuales implicaciones relacionadas con el deber de probidad que rige el ejercicio de la función pública.
