Elvis Martínez. El diputado del PUSC, Walter Céspedes, denunció ante la Procuraduría de la Ética a Anabelle González, Ministra de Comercio Exterior (COMEX), a raíz de un estudio realizado por su despacho entre el 8 de mayo del 2010 a octubre de 2013, en el que salen a relucir excesos de gastos efectuados en 75 viajes al exterior.
Céspedes solicita a la Procuraduría una investigación para determinar una eventual violación a los principios de razonabilidad, proporcionalidad, ética y probidad en el ejercicio de la función pública, con la autorización de esos recursos públicos por parte de la ministra González.
En la denuncia Céspedes indica que del 8 de mayo de 2010 a octubre de 2013, la ministra Anabel González , gastó en viajes al exterior más de ¢183 millones 812.077, (equivalentes a $366 mil 083.76), provenientes al erario de Comex.
Agrega que no “se evidencien resultados positivos o beneficios tangibles para el país, producto de tales viajes y del enorme gasto económico para las arcas del Estado”.
“Como no sabía quién pagaba esos viajes, si era el Gobierno o la Ministra de COMEX de su propio bolsillo, le mandé un oficio WCS-261-05-2013, le solicité que me indicara el costo total de esos viajes, de transporte y de representación que se gastó, pero como no me contestó tuve que esperar 7 largos meses e interponer dos Recursos de Amparo para obtener una respuesta de una Ministra de Estado, que incumple no solo con su deber constitucional de rendición de cuentas, sino con una disposición de la Sala Constitucional”,expresó el diputado Céspedes.
Para Céspedes los recursos públicos que se gastaron para promocionar la candidatura de la Ministra para ocupar el cargo de Directora de la Organización Mundial del Comercio (OMC), fueron ” abusivos” y rompieron con los principios de razonabilidad, proporcionalidad, ética y probidad que deben regir la actuación de todo funcionario público”
“Señor Procurador de la Ética Pública, qué obligación tiene un país tan pobre como el nuestro, donde existen tantas necesidades insatisfechas en un gran conglomerado de la población, para destinar tantos millones de colones a la promoción de una candidatura que para lo único que sirve es para satisfacer una aspiración y un marcado interés personal y subjetivo de una Ministra de Estado, que simplemente pretendió ser nombrada en un cargo de relevancia internacional.
El legislador solicitó a la Procuraduría de la Ética Pública declarar como excesivos esos gastos, disponiendo y recomendando las medidas correctivas, disciplinarias y legales que correspondan con el fin de evitarlas dentro del sector público.
“Hasta a dónde estamos autorizados los funcionarios públicos, sea cual sea el rango o jerarquía que ostentemos, desde el punto de vista legal, ético y o moral, para tomar y disponer de sumas millonarias de recursos públicos y gastarlos en viajes, que pretenden satisfacer únicamente intereses personales, si somos conocedores, entre otras cosas, que los tratados comerciales tienen como beneficiarios a sectores y personas que no son necesariamente las que más requieren de nuestra solidaridad”, cuestiona Céspedes.
Ya son dos los cuestionamientos
Por Decreto Ejecutivo N° 37478-MP la Presidencia de la República declaró de interés público la candidatura de la Licenciada Anabelle González Campabadal para la dirección de la organización Mundial del Comercio. En el decreto publicado el pasado 11 de enero de 2013, se emitía una directriz para disponer de fondos públicos con los cuales se pagaría una campaña internacional para promover su candidatura. El decreto además, recomendaba a otras instituciones del Estado a asignar fondos o cualquier otro medio material para promocionarla.
Para entonces, Claudio Monge, diputado del PAC, interpuso un recurso de amparo contra la Presidencia por asignar fondos públicos para promover a Anabelle González ante la OMC.
“La promoción de la señora González Campabadal es un asunto de índole personal, carente de todo interés público, en razón que se trata de procurarle un puesto de trabajo a la salida del Gobierno que sólamente beneficia a la mencionada González a título personal, con la ausencia absoluta de beneficios colectivos y ajeno a todo fin estatal o general”, argumentó el diputado Claudio Monge en enero de 2013.
Monge recordó al Ejecutivo que El artículo 140 inciso 7 de la Constitución Política señala que la recaudación e inversión de las rentas nacionales debe realizarse de acuerdo con las leyes, por lo que la Presidencia está inhibida constitucionalmente de disponer de recursos públicos para fines distintos a los señalados por el ordenamiento jurídico.
