El diputado chavista Fernando Obaldía Álvarez fue denunciado por presuntos hechos de acoso sexual y laboral cometidos dentro de su despacho en la Asamblea Legislativa.
La denuncia, presentada por una asesora parlamentaria y de acuerdo con la Fiscalía, se tramita bajo el número de expediente 26-000088-0033-PE.
Según los hechos dados a conocer por CRHoy, Obaldía habría cometido conductas de “acoso laboral, persecución, descalificación profesional destructiva, control desmedido y persecutorio, exclusión del entorno laboral ordinario, violación flagrante al derecho constitucional a la intimidad, desviación de poder e interferencia grave en el desempeño de mis funciones, con grave afectación a mi salud emocional y física
El tema escaló a la Dirección Ejecutiva del Congreso, donde se conoció la situación y la afectada pidió medidas cautelares y una orden de alejamiento contra Obaldía. La misma medida fue solicitada contra la asesora Diana Fernández Monge.
Entre las medidas cautelares, se solicitó que se prohibiera cualquier “acto de comunicación, perturbación, intromisión o interferencia directa o indirecta en labores o entorno personal” de los denunciados contra ella.
También pidió un apercibimiento formal para impedir cualquier represalia relacionada con la denuncia que pueda afectar su nombramiento, salario, funciones, horario, permisos, vacaciones, herramientas de trabajo, accesos o referencias laborales, así como contra testigos de las supuestas situaciones.
Acoso laboral.
El acoso no solo sería sexual, sino que, presuntamente, Obaldía habría hostigado a las asesoras al pedir cámaras del edificio legislativo para ver los recorridos que realizaban las funcionarias, con el objetivo, supuestamente, de monitorear qué estaban haciendo en horas laborales.
A todo ello se suma jornadas extendidas y días libres sin compensación alguna, regaños arbitrarios, malos tratos, duplicación de funciones, críticas injustificadas al desempeño laboral y obligación de personas profesionales de someterse a la supervisión de una persona que carece de atestados profesionales y que no ocupa una plaza de supervisión.
En esa línea, la afectada pidió ser trasladada a un departamento administrativo del Congreso o espacio que no esté vinculado al Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Además, acusa que el hijo del diputado (Cristopher Obaldía) permanece casi a tiempo completo en el despacho, utiliza recursos institucionales y realiza funciones de supervisión, pese a no tener nombramiento.
“Arreció en críticas destructivas hacia los videos de control político que habían realizado las encargadas de comunicación del despacho y exigió de forma vehemente que cuando él cometiera errores de dicción, lectura o coherencia ante la cámara, profesionales debían hacer magia en la edición para corregir sus fallas. Culpaba a las profesionales de comunicación del resultado final a pesar de que el diputado carece de facilidad de palabra y telegenia básica, haciendo imposible un mensaje fluido bajo sus parámetros”, señala información dada a conocer por Semanario Universidad.
Recurrente
A principios de la legislatura, una funcionaria legislativa habría presentado una queja a Nogui Acosta (jefe de fracción de PPSO) y a la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, señalando supuestos malos tratos por parte de Obaldía. Incluso, solicitó que la movieran del despacho, situación a la que habrían accedido los diputados, trasladándola a labores de la jefatura de fracción.
“«”No es justo ni legal que una carrera profesional construida con esfuerzo, transparencia y buena fe sea destruida o cuestionada mediante rumores infundados, vigilancias persecutorias e intrusiones a mi privacidad. Acudo a esta instancia con la firme convicción de que el sistema institucional me amparará, devolviéndome el derecho a laborar en un ambiente seguro, digno, donde se me respete como ser humano y como profesional”, señala el documento.
La denuncia ahora deberá ser analizada por el Directorio Legislativo, presidido por Yara Jiménez, y posteriormente, deberá ser remitida a una comisión especial. Al cierre de nota, la presidenta del Congreso no se ha pronunciado sobre el tema.
