La Defensoría de los Habitantes concluyó una investigación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), identificando graves diferencias en los registros institucionales, variaciones en costos, atrasos en cronogramas y desafíos en la ejecución de recursos asociados al desarrollo de obras estratégicas.
El estudio analizó información de proyectos ejecutados en la Gran Área Metropolitana (GAM) durante el período 2019-2024, mediante el cotejo de matrices institucionales del AYA, información de la Contraloría General de la República (CGR) y del portafolio institucional de inversiones “Listado de ejecución de inversiones 2014-2023”. Uno de los propósitos de la investigación era examinar la consistencia y trazabilidad de la información utilizada para la planificación y seguimiento de las inversiones en infraestructura de agua potable y saneamiento.
Entre los aspectos relevantes identificados durante la investigación es que el AyA no contó con un portafolio institucional consolidado de proyectos de inversión sino hasta el año 2024.
La información relacionada con las inversiones se encontraba distribuida en distintas fuentes institucionales, dificultando contar con una visión integral sobre el estado de los proyectos, sus responsables, fuentes de financiamiento, cronogramas y niveles de avance. Esta situación limitó la trazabilidad histórica de las inversiones y la reconstrucción de su evolución a lo largo del tiempo.
Las diferencias identificadas no corresponden únicamente a ajustes menores en los registros. La investigación documentó proyectos que presentan discrepancias de varios años entre las fechas consignadas en distintas fuentes institucionales. En algunos casos, las diferencias observadas alcanzan cerca de una década, dificultando determinar con precisión cuándo iniciaron las obras, cuándo debían concluir y cuál ha sido su evolución real durante su ejecución.
Además, se determinó que las diferencias no se limitan únicamente a fechas o aspectos administrativos. También se identificaron variaciones importantes en las estimaciones de costos de los proyectos analizados.
En términos prácticos, esto significa que una misma obra puede registrar montos distintos dependiendo de la fuente de información consultada, dificultando conocer con precisión cuánto se estimó invertir, cuánto costó realmente y cómo evolucionó financieramente durante su ejecución.
Esta situación adquiere especial relevancia debido a que las inversiones en infraestructura de agua potable y saneamiento son financiadas con recursos públicos, recursos propios de la institución, financiamiento externo y, eventualmente, mediante tarifas pagadas por las personas usuarias. Por esta razón, la trazabilidad de los costos constituye un elemento fundamental para fortalecer la planificación institucional, la rendición de cuentas y el seguimiento de las inversiones realizadas.
Igualmente, se determinó que una parte importante de los recursos comprometidos para apoyar proyectos de agua potable y saneamiento aún no se había ejecutado.
Al analizar las contrapartidas nacionales asociadas a varios programas financiados con recursos externos, se identificó que los montos vigentes alcanzaban $126,4 millones. Sin embargo, al cierre del tercer trimestre de 2025 únicamente se habían ejecutado aproximadamente $32 millones, mientras que $94,4 millones permanecían pendientes de utilización. En términos prácticos, esto significa que cerca de tres cuartas partes de los recursos comprometidos como aporte nacional para complementar los préstamos externos aún no habían sido incorporados a la ejecución efectiva de los programas analizados.
Uno de los resultados más relevantes corresponde a las diferencias observadas entre el avance financiero y el avance físico de algunos programas financiados mediante crédito externo. El programa BCIE 2129 registra la mayor brecha observada, con un avance físico de 57,8% y un avance financiero de 36,9% al tercer trimestre de 2025, lo que representa una diferencia de 20,9 puntos porcentuales (p.p.). Asimismo, el programa BCIE 2164 presenta una diferencia de 12,6 p.p. entre ambas variables, con un avance físico de 48,4% y un avance financiero de 35,8%. Estas diferencias muestran que el desarrollo de las obras y la utilización de los recursos no siempre avanzan al mismo ritmo.
Los proyectos de agua potable y saneamiento suelen desarrollarse durante períodos prolongados e involucran procesos técnicos, administrativos y financieros de alta complejidad. En este contexto, la ejecución oportuna de los recursos, el seguimiento de los cronogramas, la trazabilidad de los costos y el avance efectivo de las obras adquieren especial relevancia para que las inversiones programadas puedan traducirse en mejoras para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.
