Allan Madriz | EP. La Defensoría de los Habitantes presentó ante la Sala IV, una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley General de Policía, que sustenta la existencia de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
Para la Defensoría, en los artículos de la Ley de Policía que regula la DIS, hay ausencia de controles para evitar posibles abusos y violaciones de derechos humanos en la población.
“En criterio de la Defensoría, los artículos sobre la DIS son insuficientes y sufren de vacíos en cuanto a garantías a los derechos de las personas que podrían poner en riesgo los derechos humanos de la población…” indicó la Defensoría.
La institución señala que la Ley no define claramente el mandato y el rango de acción de esa policía, abriendo la posibilidad de que interfiera en labores investigativas que el Constituyente confió al Poder Judicial.
Para la Defensoría, la DIS se ha extralimitado en sus funciones, en casos como intervención en labores de detección de una presuntas conexiones ilegales de agua, intervenciones dentro de territorios indígenas, o el liderazgo en atención de emergencias, como la acontecida con el paso del huracán Otto.
“La inteligencia es necesaria para cualquier policía, particularmente para enfrentar los enormes retos de seguridad que tiene el país, y es necesario que no se desvíen esfuerzos en un órgano difuso, sin controles, sino más bien que se destinen a investigaciones eficaces por parte de órganos constitucionalmente respaldados para ello”, indicó la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano.
La Defensoría también cuestionó que se permita a la DIS intervenir sobre asuntos que pongan en peligro la “estabilidad del país y sus instituciones”, lo que podría provocar que se atribuya funciones que no le corresponden.
