Costa Rica está desangrando su sistema educativo.
No es una exageración retórica: es la conclusión brutal de la más reciente advertencia de la Defensoría de los Habitantes, que evidencia cómo la dramática reducción del financiamiento público ha puesto al derecho a la educación en serio riesgo y ha acelerado la consolidación de un sistema cada vez más inequitativo y excluyente.
El informe del órgano defensor revela que el gasto público en educación se desplomó del 7,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019 al 5,5 % en 2025, un nivel que no solo incumple flagrantemente el mandato constitucional del 8 % del PIB, sino que además reduce sistemáticamente las posibilidades de asegurar una educación de calidad para millones de estudiantes costarricenses.
“Esta reducción refleja una pérdida sostenida de prioridad política y fiscal hacia uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano y social costarricense», revela el documento.
Este no es un simple recorte contable: es una elección política deliberada que prioriza balances fiscales sobre el futuro colectivo del país.
“Esta contracción presupuestaria no solo debilita la capacidad institucional del Ministerio de Educación Pública (MEP), para ejecutar programas estratégicos, sino que además impacta directamente en la calidad de los aprendizajes, la infraestructura educativa y la equidad territorial”, agrega.
La Defensoría no solo habla de porcentajes, habla de consecuencias: mientras la costumbre política reduce la participación de la educación en el presupuesto general, las brechas entre escuelas rurales, costeras, indígenas y urbanas se agrandan sin rubor.
“Entre los hallazgos más relevantes que hemos encontrado en la investigación es como esta disminución presupuestaria viene construyendo los recursos destinados a formación docente, a recursos en inversión infraestructura, pero sobre todo lo que más nos preocupa es como esta disminución está incidiendo de forma directa en el acceso y la calidad a la educación como un derecho humano progresivo”, señaló el director del Área Estudios Económicos de la Defensoría, Geovanny Barboza.
Las Juntas de Educación de zonas desfavorecidas operan con presupuestos hasta cinco veces menores que las de centros urbanizados, lo que compromete infraestructuras, alimentación escolar, transporte y apoyo docente.
Eso significa que un niño o una niña en comunidades de escasos recursos enfrenta no solo aulas deterioradas, sino también más barreras para permanecer en el sistema educativo. En otras palabras, la “igualdad de oportunidades” es ya una frase hueca en documentos oficiales.
Los recortes se presentan bajo eufemismos técnicos —“ajustes”, “prioridades fiscales”— pero el resultado es una regresión educativa que castiga a quienes menos tienen. Esto no es administración; es negligencia estructural.
Programas que antes daban soporte a la permanencia escolar —como becas, alimentación y transporte— se han visto reducidos o debilitados, mientras que la infraestructura de decenas de centros se deteriora sin una solución clara a la vista.
¿Resultados?
El impacto de esta estrategia de desinversión no es teórico. Las pruebas internacionales muestran pérdidas acumuladas de hasta 24 puntos en matemáticas y 28 en lectura, un reflejo del deterioro de aprendizajes básicos que no puede ignorarse.
Mientras tanto, la narrativa oficial —cuando se escucha alguna— se enfoca en cifras presupuestarias anuales o en la baja natalidad, sin abordar el problema de fondo: Costa Rica está apostando a un sistema educativo más débil, más desigual y menos capaz de cumplir con su función social y democrática.
No se trata solo de cifras y porcentajes; se trata de la vida real de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hoy ven cómo sus oportunidades de aprendizaje se reducen año tras año.
La educación pública costarricense está en riesgo. Y lo grave es que no parece haber todavía un clamor político suficientemente fuerte para revertirlo.
